Las violentas protestas que paralizaron el país y motivó el despliegue de las Fuerzas Armadas

Como si Ayacucho no hubiera sufrido ya demasiada violencia, esta semana volvió a derramarse allí sangre de compatriotas. El Estado de Emergencia que rige en esta parte del país no tuvo que derivar necesariamente en tragedia.

“Acá no pueden entrar. Vamos a avanzar y no queremos tener problemas. No queremos tener accidentados, lastimados. Por favor. Nosotros somos del pueblo, igual que ustedes”, se escucha decir a uno de los efectivos desplegados.

Tras invadir el aeropuerto de la ciudad, un puñado de peruanos tiñó de ilegalidad sus legítimos reclamos. La historia dirá que la más reciente batalla en Ayacucho pudo, debió, tuvo que evitarse a como dé lugar.

La situación está bien tensa. Bien tensa. Y la verdad nos preocupa mucho. La verdad el Ejército nos está apoyando muchísimo. Espero que esto se calme. Yo ya he hablado muchas veces. He hablado en todos los idiomas: por favor, que no creen violencia. Hay gente allá, al otro lado, que tiene revólveres. Están disparando”, indica el general PNP Antero Mejía, jefe de la Macrorregión Ayacucho.

Los penosos hechos del aeropuerto, a decir de los testigos, iniciaron a tres kilómetros de allí.

La manifestación convocada por el Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho se subdividió en grupúsculos que enfilaron decididamente al aeropuerto de la ciudad. Uno de ellos fue disipado antes de llegar a su destino. El resto de rutas elegidas sí permitió rodear el terminal aéreo. La idea era apoderarse sí o sí del control del aeropuerto.

Tras los enfrentamientos con las fuerzas del orden, fallecieron los civiles Josué Sañudo Quispe, Clemer Rojas García, Jhon Mendoza Huarancca, Luis Miguel Urbano Sacsara, José Aguilar Yucra, Edgar Prado Arango, Raúl García Gallo, Leonardo Hancco Chaka y un menor de edad. Sumaban nueve muertos, solo en Ayacucho, hasta el cierre de este informe.

Al día siguiente, estratégicos edificios públicos de Ayacucho, como la sede de la fiscalía, fueron el blanco de las turbas. La violencia y el vandalismo escalaban a niveles estruendosos en este tipo de enfrentamientos. Por segundo día consecutivo, el aeropuerto fue invadido por grupos violentistas. La Policía y el Ejército impusieron el orden.

El Estado de Emergencia, que originó la irrupción de las Fuerzas Armadas en la escena pública, se decretó tras los disturbios en Apurímac.

La violencia no cesó ni siquiera durante el necesario llanto por los muertos. Hasta el momento, cinco personas fallecieron en Andahuaylas. En la provincia de Chincheros, un policía fue secuestrado por la masa y otro grupo de efectivos fue sitiado en la misma comisaría.

Los violentistas eran más; y su ira, incontrolable. La dependencia policial de la zona se volvió un hospital de campaña. Chincheros ardió sin que nadie pudiera detenerlo.

El Estado de Emergencia no ordenó por completo el caos. En Pichanaki, población armada hizo frente a la policía sin temor alguno. En la región Junín, tres personas han perdido la vida a raíz de los enfrentamientos. El diálogo a cambio de vidas es un precio muy alto que pagar.

En Arequipa, donde también falleció un compatriota a causa de esta ola violenta, se asedió un local policial y también el aeropuerto. Los desmanes se ensañaron también contra empresas privadas.

Esta situación se replicó en Cusco, donde la turba incendió las instalaciones de una televisora y saqueó una joyería en plena plaza de armas. Pese a esto, y aunque no lo parezca, los focos de violencia esconden entre la destrucción uno o más reclamos válidos surgidos de la crisis permanente en que vive el país.

Los enfrentamientos que más se han replicado a nivel nacional tienen su génesis en el bloqueo de carreteras. Miles de pasajeros, la mayoría turistas, quedaron varados en diferentes ciudades debido al caos generalizado.

En Virú, donde también se reportó un fallecido durante las movilizaciones, la Panamericana se pudo desbloquear recién el pasado jueves. Aunque el estertor de las marchas haya bajado su intensidad, es pronto para creer que la ira y el desborde social han cesado.

Aún queda identificar, irrefutablemente, a los azuzadores y financistas de esta ráfaga violenta. El camino hacia la paz, en estas condiciones, suele estar cuesta arriba y plagado de obstáculos.