Edgar Alarcón: subgrupo de Comisión Permanente tendría que investigar el caso

El contralor general de la República, Edgar Alarcón, confesó el pasado domingo que era un amante de los fierros y cada vez son más las voces  que reclaman que sea fundido. Cinco bancadas del Congreso quieren sacarlo del cargo,  los únicos que por el momento no quieren mandarlo al desguace son los fujimoristas y una punta de la estrella.  

Todo esto se ha suscitado a raíz de la denuncia presentada por Cuarto Poder el pasado domingo. Desde el 2003 hasta el año pasado, el contralor compró y vendió junto a sus hijos 90 carros de alta gama, ocho de estas transacciones las hizo a su nombre cuando era vicecontralor y estaba prohibido por ley de tener actividades lucrativas. Compra-venta que además no mencionó en su declaración jurada y por las que se desconoce sí pagó los impuestos que correspondían. 

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La denuncia hecha por el auditor de la Contraloría Walter Grados, también hace referencia a la jugosa liquidación que recibió Marcela Emilia Mejía Franco cuando cesó como trabajadora de la Contraloría, dependía funcionalmente de Alarcón y  mantenía además una relación sentimental con él. Como cereza al pastel, el auditor hizo público un audio en el que el contralor trata de disuadirlo para que retirara la denuncia que ya había presentado ante el Congreso.  

Cinco bancadas del Congreso han pedido la cabeza del contralor, hasta la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción le ha pedido que, por decoro, no participe en sus próximas reuniones. Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción y la de lavado de activos han anunciado sendas investigaciones en su contra.  Así están las cosas para Edgar Alarcón, quien asegura que lo están presionando por todos los lados para que renuncie y que no lo hará. 

Dice también que están viendo la forma de sacarlo porque es una piedra en el zapato, porque su gestión está pisando callos en el Ejecutivo, en gremios empresariales y en grupos de poder. Él considera que su informe contrario a la adenda de Chinchero es la causa de todos sus males. 

Tres días antes de que presentara el informe de Chinchero solicitó una reunión con el ministro de Economía, Alfredo Thorne, y con el de Transportes, Martín Vizcarra. Nada más saber que la denuncia del auditor se iba a hacer pública, el contralor salió a hablar de estas conversaciones y aseguró que el ministro de Economía lo había presionado diciéndole que si lo de Chinchero salía todo iba a estar bien con él, pero que si Chinchero se bajaba todo iba a ir mal. Presiones que ha negado el presidente Pedro Pablo Kuczynski. 

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Alarcón ha dicho también que los dos ministros lo grabaron, pero se reunió con ellos en lugares distintos y ninguno tendría interés en hacer públicas estas conversaciones tal y como ha sucedido. Aplicando la lógica más elemental se obtiene presuntamente el nombre del amante de las grabaciones. 

El contralor de la República es el hombre encargado de supervisar el correcto uso del dinero de todos, es decir, los  recursos y bienes del Estado. Tiene rango de ministro, autonomía, 14 sueldos de 33,000 soles y un bono de productividad. La Contraloría puede inhabilitar de la función pública a cualquier funcionario, es decir, una palabra suya puede suponer el entierro de cualquier funcionario, hasta del mismísimo presidente de la República. Los tiempos de sus informes también tienen  directa repercusión política.  La pregunta siempre ha sido ¿quién controla al control? Y en rigor no lo controla nadie. El Congreso lo nombra y lo remueve, pero no lo fiscaliza.  

El congresista Javier Velásquez Quesquén ya ha presentado formalmente la solicitud a la presidenta del Congreso para que la Comisión Permanente evalúe la remoción de Edgar Alarcón al no haber acreditado, dice, la conducta intachable y reconocida solvencia e idoneidad moral que le impone la ley. 

la remoción de la contralora Carmen Higaona, es el único antecedente que hay con la Constitución de 1993 vigente. Y esta lo dice claro: el contralor es designado por el Congreso a propuesta del Poder Ejecutivo por siete años. El Congreso puede destituirlo por falta grave. 

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Si vamos al reglamento del Congreso, este dice que es la Comisión Permanente la que designa y remueve al contralor general de la República. En el caso de Carmen Higaona, la Comisión Permanente la removió porque consideró que había incurrido en una falta grave al demostrarse que autorizó la contratación de un cuestionado ex funcionario de Aduanas que había ocasionado durante su función importantes perjuicios económicos al Estado.
 
El reglamento del Congreso no establece el procedimiento a seguir, pero en ese momento se optó por crear un grupo de trabajo de tres congresistas que integraban la Comisión Permanente ante los cuales Carmen Higaona dio sus descargos. Este grupo elevó su informe a la Comisión Permanente y esta decidió removerla del cargo el 28 de septiembre del 2001. 

La ex contralora acudió al Tribunal Constitucional porque consideró que el Congreso había violado su derecho al debido proceso. El Tribunal Constitucional en esta sentencia del 2007 dejó claro que, aunque no exista un procedimiento regulado para estos casos, la Comisión Permanente salvó el vacío legal creando este sub grupo de trabajo donde la contralora dio sus descargos en presencia de su abogado. Esta sentencia sienta precedente, sienta jurisprudencia, así que el camino más lógico para ver el tema de la remoción del contralor Edgar Alarcón sería replicar lo hecho en el 2001. 

Sin embargo, algunos plantean que el caso sea derivado íntegramente al Ministerio Público y otros que pase a la Comisión de Fiscalización para que emita un informe a la Comisión Permanente. Esto último no tendría mucho sentido ya que la denuncia del auditor Walter Grados llegó a Fiscalización hace nueve meses y nadie la vio.  

Para empezar, la próxima semana la presidenta del Congreso llamará a Consejo Directivo. Ahí discutirán el derrotero a seguir y se pondrá fecha para que sesione la Comisión Permanente. Puede ser al día siguiente dado la gravedad del caso. Para que el pedido de Velásquez Quesquén prospere en la Permanente requiere mayoría más uno; el fujimorismo tiene 14 votos  y el resto de fuerzas juntas alcanzan 17. Habrá que ver cómo se mueven las fichas.