Corredores viales: denuncian irregularidades de la MML en recaudación de pasajes

Son el símbolo de lo que llaman la reforma del transporte de Lima. La Municipalidad Metropolitana los echó a rodar hace tres años para anunciar que el cambio había empezado. Son los buses que recorren las avenidas Arequipa hasta el Cercado, el llamado Corredor Azul; Javier Prado, el denominado Corredor Rojo; y las vías de San Juan de Lurigancho.  

Pero para subir a ellos aún hay que pagar con moneda en mano y recibir un boleto a cambio, a la usanza antigua; pese a que hace tres años el municipio prometió el método moderno: el de la tarjeta electrónica, como ocurre con el Metropolitano. 

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Y esto es así porque en enero del 2015, en sus primeras semanas como alcalde, Luis Castañeda Lossio anuló la licitación pública que buscaba seleccionar a la empresa que dotaría del sistema electrónico de cobro de pasaje al nuevo transporte público de la capital. Tras esa decisión se esperaba que pronto se pusiera en marcha una nueva licitación, pero a punto de cumplirse tres años de la anulación, no hay nada de eso. 

Lo que la municipalidad está haciendo ahora mismo es un proceso rápido que busca contratar a una empresa que brinde el mismo servicio de cobro de pasajes, llamado sistema de recaudo electrónico, pero solo de manera provisional, por un período mínimo de tres años. 

Si el detalle de ser provisional no le parece suficiente, le diremos que además es un proceso que no se ciñe a la Ley de Contrataciones del Estado, es decir, no es ni licitación ni concurso público, aduciendo la Municipalidad que el pasaje recaudado no es fondo público. La información oficial es escasa y poco transparente pese a que en los tres años que va a durar el contrato se va a recaudar varios cientos de millones de soles.

Documentos obtenidos por Cuarto Poder indican que para elegir a la empresa que prestará este servicio temporal de recaudo electrónico, la Municipalidad de Lima, a través de Protransporte, ha dispuesto que sean las mismas empresas de buses que operan en los corredores azul, rojo y San Juan de Lurigancho, además del banco Scotiabank, los que se encarguen de evaluar y contratar, respectivamente, la mejor propuesta para la recaudación electrónica de pasajes. Esta tarea no la harán ni el municipio ni Protransporte. 

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La Municipalidad de Lima ha tomado esa decisión pese a que durante los tres años de servicio provisional se va a recaudar casi 600 millones de soles, monto que podrá crecer porque la flota de buses y los corredores viales se van a ir incrementando paulatinamente. 

Ese dinero será depositado diariamente en un fondo que administrará el Scotiabank, en virtud a un contrato de fideicomiso que firmaron en julio del 2014 el banco y Protransporte. De ese fondo, un porcentaje irá a las empresas de buses por el servicio de transporte que prestan, otro a la propia empresa recaudadora, y otro más a la Municipalidad de Lima. 

Pero, ¿podía el municipio renunciar a realizar un proceso público para seleccionar a la empresa recaudadora provisional, en lugar de asignarle esa responsabilidad a las empresas de transporte y a un banco privado?

“No. Definitivamente (…) Lo que se ve acá es que se está tratando de desnaturalizar lo regulado por la ley, que son las ordenanzas, y se está tratando de desnaturalizar lo dispuesto en un contrato de concesión”, indica la abogada experta en contrataciones públicas, Cecilia Ruiz.  

La Municipalidad de Lima no designó a funcionario alguno para que responda a nuestras interrogantes pese a que desde el miércoles solicitamos entrevista e información, un pedido que fue reiterado por diversas vías en los días siguientes. El viernes solo nos fue remitido un breve correo electrónico que indicaba: “No hay un concurso privado. Bajo el marco del contrato de fideicomiso de flujos en administración suscrito entre Protransporte y el Scotiabank Perú SAA, con adhesión de los operadores de buses, corresponde a la entidad fiduciaria –es decir, al banco– contratar los servicios de la empresa especializada (del recaudo)”.  

También nos dirigimos al Scotiabank y le preguntamos si lo que indicaba el municipio era lo correcto. Pero no obtuvimos respuesta formal. 

Si no es un concurso privado, como señala en su correo electrónico el municipio, ¿qué tipo de procedimiento están siguiendo? La respuesta podría estar en un documento de la Municipalidad de Lima y de Protransporte, elaborado hace tres semanas, el 13 de octubre.

Es la resolución de gerencia general número 118, que confirma lo que señalamos, pues dispone cómo será el proceso de selección de la empresa recaudadora. Primero, la Gerencia de Operaciones de Corredores Complementarios de Protransporte elabora los lineamientos de la competencia; segundo, las empresas de los buses de los corredores seleccionan a la empresa ganadora del recaudo electrónico; y tercero, Scotiabank contrata a la empresa ganadora. Sin embargo, estas parecen ser reglas de juego nuevas. 

Las contradicciones en este asunto no son nuevas. Hace solo un mes, Cuarto Poder obtuvo documentos que evidenciaban que el proceso que se alistaba era distinto. Por ejemplo, el oficio con el que Protransporte invitaba a los postores del servicio de recaudo, decía literalmente que el mismo sería contratado por el administrador del fideicomiso, Scotiabank, y que se trataba de un proceso para la “recaudación privada de servicios” que no estaba “sujeto al Sistema de Contrataciones del Estado”. 

Por eso, el 29 de octubre pasado, pedimos la explicación del municipio y entrevistamos al gerente de Promoción de Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, Jaime Villafuerte. Pese a la claridad del documento, allí el funcionario negó que el banco tuviera participación. 

Periodista: ¿El servicio va a ser contratado por el Scotiabank, como se señala allí? 
Jaime Villafuerte: No, el servicio es contratado por Protransporte. El Scotiabank es el fiduciario, solamente el que va a administrar los recursos que provienen de la recaudación de los pasajes de los tres corredores complementarios. 

En ese entonces Scotiabank también negó, mediante dos correos electrónicos, ser responsable del proceso. 

Periodista: Ahora le entiendo, pero lo que usted dice no es lo que dice el contenido de ese párrafo. 
Jaime Villafuerte: Quizás ha habido una mala redacción. Quizás esté mal redactado. 
Periodista: Porque ningún banco puede hacer procesos de selección de proveedores. 
Jaime Villafuerte: Exacto. No lo puede hacer. 

Preguntamos cuál era la base legal del proceso para contratar el servicio de recaudo electrónico provisional. 

Jaime Villafuerte: Los sistemas de recaudación de los corredores complementarios, en general, están sujetos a la Ordenanza 1613. 
Periodista: ¿Dispone cuál va a ser el tipo de proceso a través del cual se va a contratar ese servicio? ¿Dice licitación, dice concurso, algo?
Jaime Villafuerte: No se especifica claramente en la Ordenanza 1613 qué sistema se debe emplear, solo te dice que lo que es sistema de recaudo es a través de una concesión. 

El funcionario edil se refiere a la ordenanza número 1613, de junio del año 2012, la misma que sí dispone claramente el tipo de proceso que se debe seguir. A la letra dice: “el acceso a las unidades de recaudo y fideicomiso del sistema integrado se realiza mediante concurso público”, es decir, con las reglas de contratación del Estado. 

Al respecto, el regidor metropolitano Hernán Núñez indicó: “Claramente está mintiendo (Jaime Villafuerte), está tratando de sorprender a la opinión pública. Pero, además, llama mucho la atención que la municipalidad coloque voceros que no sepan ni siquiera de qué procedimientos están hablando”. 

Una semana y media después de la entrevista con el economista Jaime Villafuerte, el municipio volvió a cambiar las reglas de juego, que materializó con la resolución de gerencia general 118, de Protransporte, que ya hemos comentado. 

Otro dato que llama la atención es el período de provisionalidad que tendrá este servicio. Según los propios documentos municipales, “una duración mínima de 36 meses”. Es decir, podría durar más. Pero, sobre todo, hay un requerimiento curioso, que es que el sistema electrónico que implementará el proveedor provisional “debe estar diseñado para futuras integraciones con otros sistemas de transporte como el Cosac –el Metropolitano– y las líneas del metros o trenes eléctricos”. O sea, integraciones futuras y complejas. 

Periodista: ¿Si es provisional, por qué tiene que estar listo para integrarse con los sistemas mayores? 
Jaime Villafuerte: Lo que sucede es que la tecnología permite hoy tener sistemas abiertos, que se puedan integrar con otros, como la Línea 1 del Metro o como el Cosac. Y quizás el operador del sistema de recaudo mayor puede comprar el sistema provisional y adecuarlo. 

El regidor Núñez cree que el proceso está diseñado para que gane una empresa específica, y señala cuál es. Pero este programa no mencionará el nombre hasta conocer los resultados. El hecho es que han pasado casi tres años desde que la gestión de Castañeda anuló la licitación para contratar el sistema de recaudo definitivo. 

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Mientras tanto, se busca contratar este servicio provisional, por al menos tres años, al margen de las leyes del Estado pues, según Villafuerte, los pasajes recaudados de los usuarios no son fondos públicos. En opinión de la abogada Cecilia Ruiz, la Contraloría de la República debería pronunciarse de inmediato. 

Nosotros hicimos la consulta al órgano de control, pero nunca obtuvimos una respuesta. Villafuerte defendió la provisionalidad por la urgencia de detener pérdidas de dinero que se producen a diario por el cobro manual del pasaje. Habrá que ver si el remedio provisional que van a aplicar resulta mejor que una licitación definitiva y transparente.