Caso Richard Swing: Fiscalía dispuso recibir la declaración de cuatro exministros de Cultura

El Tercer Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima amplió la investigación preliminar por la presunta irregular contratación de Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, e incluyó como nuevos investigados a dos exservidores de Palacio de Gobierno y del Ministerio de Cultura.

Se trata del excoordinador de prensa y comunicaciones del despacho presidencial Óscar Manuel Vásquez Zegarra, y de la ex secretaria general del Ministerio de Cultura, Patricia Aída Dávila Tasaico.

También se dispuso que, conforme a la agenda fiscal, “se reciba la declaración testimonial de los exministros de Cultura: Rogers Valencia Espinoza, Ulla Holmquist Pachas, Luis Jaime Castillo Butters y Francisco Enrique Hugo Petrozzi Francos; en cuyas gestiones entre el 2018 y el 2019 se habrían tramitado y emitido las cuestionadas órdenes de servicio”.

Se señala además que de momento se cuenta con el testimonio de la extitular, Patricia Balbuena Palacios.

“Si bien los exfuncionarios gozan de las prerrogativas constitucionales referidas a la inmunidad (antejuicio), de conformidad con el artículo 99 de la Constitución Política del Estado, el Código Procesal Penal y la Ley Orgánica del Ministerio Público, la fiscal Janny Sánchez considera necesario recoger su testimonio, de conformidad con el artículo 167 del Código Procesal Penal”, informó el Ministerio Público.

Se precisa además que la individualización e integración de los dos nuevos investigados responde a la obtención de relevantes indicios, “tales como correos electrónicos, la declaración de un aspirante a colaborador eficaz y los audios propalados por medios periodísticos”.

“La disposición emitida por la fiscal provincial, Janny del Pilar Sánchez Porturas Ganoza de Curotto, precisa que ambos (Vásquez y Dávila) sean investigados por los delitos de colusión agravada y alternativamente negociación incompatible; atribuyendo además al primero, el delito de obstrucción a la justicia”, detalló la Fiscalía.

En el caso de Vásquez Zegarra, se le imputa haberse reunido con Richard Cisneros el 18 de abril del 2018 en los ambientes de Palacio de Gobierno (antes de su inscripción formal como proveedor del Estado el 17 de julio de ese año), con el fin de realizar “acuerdos subrepticios en coordinación con Miriam Morales Córdova y demás altos funcionarios, para viabilizar las contrataciones directas”.

Además, porque habría inducido a testigos para que declaren falsamente sobre los registros de autorización de ingresos y reuniones previas de Cisneros Carballido en Palacio de Gobierno.

En cuanto a Dávila Tasaico, se le atribuye que durante el ejercicio de su cargo se habría reunido el 12 de junio del 2019 para acordar y coordinar con Cisneros, así como disponer la viabilización de un total de cuatro órdenes de servicio a favor del artista.