‘Los Wachiturros’: procurador del Congreso defiende a Becerril, Quesquén y Espinoza
La defensa legal fue autorizada por el entonces presidente del Poder Legislativo, Luis Galarreta
El procurador del Congreso de la República, Edwin Lévano Gamarra, se encarga en teoría de velar por los intereses de este poder del Estado. Sin embargo, litiga en favor de los parlamentarios Héctor Becerril, Javier Velásquez Quesquén y Marisol Espinoza en el caso conocido como ‘Los Wachiturros’. Dicho patrocinio ha sido observado por la jueza Soledad Blácido de forma contundente.
“No resulta razonable que la procuraduría Pública del Congreso de la República pretenda impedir y menos aún solicitar la nulidad de todos los actos de la investigación fiscal (…) ni menos aún se declare la nulidad de todo lo actuado, ante hechos graves de posible corrupción de funcionarios (legisladores)”, narra la magistrada.
Pero no sólo eso. La jueza hace un severo llamado atención al procurador del Congreso: “Corresponde a su procurador público el deber de defender los intereses de la institución (Congreso de la República) y no de las personas (Congresistas que presuntamente han cometido actos ilícitos)”.
“Primero te quiero decir que yo no he cometido ningún delito. Nosotros no hemos interpuesto ese amparo en el Poder Judicial. El procurador es el que defiende los intereses del Congreso. Nosotros le hicimos llegar nuestra preocupación al presidente del Congreso de ese entonces y él derivó a la procuraduría para que él actúe legalmente”, dijo el congresistas Javier Velásquez Quesquén a América Noticias.
Efectivamente, el procurador Lévano actúo a solicitud de los parlamentarios, tal como señala un documento. La jueza Soledad Blácido ha declarado improcedente el amparo solicitado y dejó en el aire a los parlamentarios. Pese a la llamada de atención, el procurador apeló la medida y ahora está pendiente de un nuevo fallo.
Este caso se inició con las indagaciones del fiscal de Chiclayo, Juan Carrasco, quien dispuso en mayo pasado investigar a estos tres legisladores por los delitos de asociación ilícita y cohecho pasivo, pero de inmediato los parlamentarios argumentaron que el fiscal no era competente para ese trabajo al ser amparados por el antejuicio. Marisol Espinoza prefirió no participar de este informe. El parlamentario Héctor Becerril no respondió los llamados.
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