Sunedu detectó serias irregularidades en la universidad Inca Garcilaso

La Sunedu analiza el plan de adecuación de la universidad Inca Garcilaso de la Vega después de que en diciembre de 2018 se encontraran faltas serias a la ley universitaria. Por este motivo su licenciamiento no se otorgó en primera instancia.

El informe de la Superintendencia determinó que la Garcilaso solo cumple ocho condiciones básicas de calidad. Tiene 25 indicadores favorables, 19 desfavorables y 13 con riesgo de incumplimiento.

Ante esto, la universidad presentó un plan de adecuación para cumplir con estos requisitos y poder operar. Pero si no los cumple tendrá que cerrar sus puertas.

Conforme al documento, la UIGV atraviesa por una grave crisis económica. En los últimos años acumuló pérdidas por 19 millones de soles lo que no garantiza el cumplimiento de sus flujos proyectados hacia 2021.

La poca liquidez haría imposible e inviable el plan de adecuación. Los ingresos de la casa de estudios se redujeron en 33% entre el 2015 y 2017. Eso representa unos 81 millones de soles. 

Según el director de Economía de la UIGV, Luis Sandoval Cabrejos, esta es la justificación a la crisis monetaria, y no necesariamente los altísimos sueldos que reciben sus autoridades, entre ellas el rector.

Además, Sunedu halló que la universidad no presentó medios para evaluar la gestión, los procedimientos y la metodología que utilizan según la nueva ley. 

El rector de la casa de estudios, Luis Cervantes Liñán, no ha estado alejado de la polémica. A él se le acusó de recibir un ingreso mensual superior a los 2 millones de soles, colocar a familiares suyos en cargos de la universidad y de expulsar a opositores, docentes y alumnos.

Desde 2014, todos los procesos que se le han seguido a Cervantes han sido archivados. Además, las investigaciones por delito tributario y lavado de activos. 

Sobre él también se ha presentado un recurso de queja por el archivamiento de alguno de los procesos y una denuncia penal en su contra por delito de falsedad ideológica en agravio del notario Roque Díaz Delgado.

La historia tuvo que ver con un exprofesor de la universidad que en 2017 presentó una denuncia contra el rector por supuestamente haber falsificado información ante registros públicos para inscribir modificaciones al estatuto de la universidad en las que se ampliaba la jubilación de 70 a 75 años.

Cervantes está a poco de cumplir 70, su intención sería quedarse en el cargo. El Ministerio Público formalizó la denuncia pero colocó como agraviado al notario que inscribió la minuta, Roque Díaz.

Todo esto ocurre en medio de la incertidumbre de los alumnos que esperan no quedar al aire en cuanto a sus estudios y a su futuro que ahora está en manos de la Sunedu.

LEE: Venezolanos en Perú: Sunedu descarta facilidades para registro de grados y títulos

LEE: Sunedu: estas son todas las universidades con licenciamiento en el Perú