FOVIME: Una preciada villa militar en San Isidro se carcome por el abandono

Esta puerta abierta en el distrito de San Isidro es el ingreso a lo que, hace más de diez años, fue la casa de algún oficial del Ejército Peruano.

Recorrer las recámaras raídas y llenas de escombros activa varias preguntas sobre lo que debió pasar para que un espacioso inmueble tuviera tal desenlace.

Los dos pisos de este chalet se encuentran en las mismas condiciones ruinosas. Los recortes de diario con fecha del año 2011 quizá sean lo menos antiguo de todo el lugar.

Pero esta casa – sacada de algún cuento postapocalíptico – no es la única de su especie en esta zona de Lima, donde el metro cuadrado puede llegar a costar 9 mil soles.

Existen casi cuarenta viviendas en el mismo nivel de deterioro. Ocupan 9 mil metros cuadrados a lo largo de tres cuadras en el centro residencial de San Isidro.

El oficial retirado del Ejército Harold Manchego vive en esta zona desde hace 17 años y fue testigo de la forma en que esta exvilla militar sucumbió ante la decadencia.

El jardín de Harold es uno de los pocos donde aún hay plantas vivas. Su casa, una de las seis en toda esta extensa villa que todavía se mantiene conservada.

Harold y su familia se mudaron a esta casa en 2006 tras una asignación excepcional dada por el comando del Ejército. Debía vivir aquí por un máximo de cinco años.

La historia de estas edificaciones empieza en la década de 1960. El gobierno de Fernando Belaúnde construyó en lo que se conocía como fundo Santa Mónica 44 casas para oficiales del ejército en actividad que tuvieran necesidad de vivienda.

En 2009, la Superintendencia de Bienes Nacionales traspasó formalmente los 9 mil 281 metros cuadrados de terreno en favor del ministerio de Defensa con la condición de que se usara para cubrir la creciente carencia de casas entre los miembros del Ejército.

Para cumplir su finalidad, en 2010 el Ejército transfirió el predio al FOVIME, Fondo de Vivienda Militar del Ejército, por cinco millones 615 mil de soles. Lo irónico es que, aunque la misión era darles casa a los militares, FOVIME empezó a desalojar a los oficiales que vivían en sus chalets.

Uno de ellos es Harold, quien junto con sus reconocimientos se retiró de la carrera militar con dos implantes de cadera. Pese a eso, nunca dejó de aportar al FOVIME pues esperaba ganarse la opción de compra en otro lado mediante el sistema de sorteos que ofrece dicho organismo.

Pese a que estas viviendas tienen 60 años en pie, ninguna autoridad en esas seis décadas hizo lo necesario para inscribir uno por uno los chalets en registros públicos.

Otro oficial que sigue viviendo en esta villa es el comandante Juan Vera. Él y su esposa Yvonne – que también hace las veces de su abogada – creen que la medida de desalojo en su contra es ilegal.

Según los demandados por FOVIME, el Fondo debe independizar los chalets primero y, luego, iniciar los procesos de desalojo que considere necesario.

Por otro lado, tanto la Municipalidad de San Isidro como los documentos sobre el terreno que hay en la Superintendencia de Bienes Nacionales le exigen a FOVIME que tenga desocupado el área para iniciar cualquier intento de saneamiento físico legal.

En el caso de los esposos Vera Díaz, ellos se mudaron a esta casa en 2010 tras un contrato de comodato firmado con el Ejército. Llegaron con la idea de vivir aquí, por lo menos, cinco años por lo que invirtieron en mejorar los acabados de su nuevo hogar.

Según la pareja, intentaron conciliar con el entonces Jefe de Bienestar del Ejército, pero ante la falta de acuerdo lo único que lograron fue que sancionaran al comandante Vera, lo que arruinó toda posibilidad de ascenso para él en el escalafón castrense.

Los Vera Díaz consideran que su permanencia en la casa contó, en su momento, incluso con el aval del Ejército pues, en el 2012, el comandante fue transferido a Tacna, pero tanto su esposa como sus hijos siguieron viviendo en el corazón de San Isidro.

Los habitantes de esta exvilla militar, que no existe en registros públicos y se cae a pedazos con cada año que pasa, le piden al FOVIME que les dé una opción de compra preferente por la casa que cada uno de ellos ocupa. Pero el Fondo de Vivienda es implacable y tiene puesta la mira en el desalojo total de las familias que viven en un terreno tasado, al precio actual de mercado, en 81 millones de soles.

Mientras el FOVIME - órgano autónomo adscrito al Ejército Peruano - lidia con los de su mismo bando, lo que alguna vez fue una preciada villa militar se carcome por el abandono y la falta de mantenimiento. El lugar tiene una seguridad tan precaria que los grafitis en patios cercados no son raros de ver por los agujeros de las avejentadas puertas de los chalets.

De entre todos los posesionarios que tiene actualmente el terreno del FOVIME, la más longeva es Elizabeth Sotelo. Ella se mudó aquí hace más de 20 años, cuando su esposo, un médico que optó por asimilarse al Ejército, salvaba vidas tanto en el VRAEM como en las zonas de frontera.

El esposo de Elizabeth falleció durante la pandemia y ella teme que, más pronto que tarde, sea desalojada ahora que nadie en su casa es aportante al FOVIME.

La actual gestión del FOVIME echa por tierra cualquier opción de conciliar con quienes llama “inquilinos precarios”.

Hay tres casos donde la justicia ya falló en favor del FOVIME y ordenó el desalojo inmediato de las respectivas viviendas.

Y precisamente esta semana se ejecutó la orden de lanzamiento en contra de Harold. Ahora es cuestión de tiempo para que su viejo chalet acabe en ruinas como los otros 38 que yacen en el lugar como percudidos elefantes blancos.

En una de las tantas incongruencias de nuestro ordenamiento jurídico, aunque los chalets sean inexistentes en registros públicos, basta que el propietario legal diga mediante una declaración jurada que el predio existe para que sí figure en el sistema de arbitrios municipales. Por esto es que, desde el año 2013, FOVIME le ha pagado más de 200 mil soles por impuestos a la comuna de San Isidro, monto manejable para una entidad que administra más de 600 millones de soles surgidos del aporte de oficiales y suboficiales tanto activos como retirados.

El objetivo del Fondo de Vivienda Militar del Ejército es claro: tener todo saneado para que – al concluir con los desalojos – se proceda con la puesta en valor del terreno.

Pero ya sea que remodelen los tétricos chalets o que se levanten aquí nuevos edificios, lo más probable es que solo los oficiales de más alto rango puedan adquirir una vivienda en esta zona preciada por su ubicación e inalcanzable por su precio de mercado.

Lo cierto es que la situación en esta urbanización casi fantasmagórica no cambiará en – por lo menos un año – tiempo contemplado para el desalojo total de sus habitantes.

Entre tanto, FOVIME se enfrenta a la difícil tarea de que el eslogan de sus empapelados deje de sonar a promesa y sea, finalmente, una realidad.