Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva contra Bruno Pacheco y sobrinos de Pedro Castillo

El Quinto Despacho de la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima, a cargo de la fiscal Karla Zecenarro Monge, solicitó 36 meses de prisión preventiva para Bruno Pacheco Castillo, exsecretario general de Palacio de Gobierno, y sobrinos de Pedro Castillo por el presunto delito de colusión agravada en organización criminal en el caso Provías Descentralizado. 

El requerimiento fiscal también alcanza a Víctor Valdivia Malpartida, exdirector de Provías Descentralizado; el funcionario de esta entidad Edgar Vargas Mas; los empresarios Zamir Villaverde García y Luis Carlos Pasapera Adrianzén; y los investigados Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez. 

Además, el Ministerio Público solicitó la medida de comparecencia restrictiva para el funcionario de Provías Descentralizado Alcides Villafuerte Vizcarra y los empresarios Karelim López Arredondo, Marco Pasapera Adrianzén, Héctor Pasapera López y Víctor San Miguel Velásquez. 

Las medidas coercitivas son solicitadas en mérito a la investigación por presuntos actos de corrupción respecto a la licitación pública para la ‘Construcción del puente vehicular Tarata sobre el río Huallaga, provincia de Mariscal Cáceres’, convocada por Provías Descentralizado, en la que se otorgó la buena pro al Consorcio Puente Tarata III. 

PROGRAMA DE RECOMPENSA   

Bruno Pacheco, Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez se encuentran como no habidos tras dictarse orden de detención preliminar por este mismo caso. Ellos fueron incluidos en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior.  

Para Pacheco Castillo, Vargas Mas y Villafuerte Vizcarra se estableció en S/ 30 mil el monto de la respectiva recompensa; mientras que para Vásquez Castillo y Castillo Gómez, el beneficio económico se fijó en S/ 15 mil.  

Estas cinco personas aún se encuentran como no habidas, tras un operativo de allanamiento y detención, ejecutado el pasado 28 de marzo por agentes de la Policía Nacional, en coordinación con representantes del Ministerio Público.