Elecciones 2021: Ambos candidatos proponen indultos en campaña
Perú Libre buscará la libertad de Antauro Humala, mientras que Fuerza Popular irá por el indulto de Alberto Fujimori
Foto: Cuarto Poder
Los dos candidatos a la segunda vuelta, Pedro Castillo y Keiko Fujimori, tienen en sus planes indultar tanto a Antauro Humala como a Alberto Fujimori, respectivamente.
La Constitución señala que la figura del indulto es una prerrogativa presidencial, una facultad del gobernante pero en democracia ningún poder es absoluto.
El expresidente Alberto Fujimori está sentenciado a 25 años de cárcel por los casos de La Cantuta y Barrios Altos. Los cargos fueron autor mediato de homicidio calificado con alevosía, lesiones graves y secuestro agravado.
Para el derecho internacional, estos constituyen crímenes de lesa humanidad.
Además se le condenó por usurpación de funciones, corrupción y peculado y tiene un proceso abierto por el caso Pativilca, donde fueron asesinadas 6 personas.
Al respecto, Keiko Fujimori ha dicho tajantemente: "Indultaré a mi padre", por lo que el tema está en agenda.
Antauro Humala, líder del Andahuaylazo, fue sentenciado a 19 años de cárcel por los delitos de rebelión, sustracción de armas de fuego, daño agravado, secuestro y homicidio simple.
En la violenta toma armada de la comisaría por parte de Humala y sus seguidores fueron asesinados 4 policías y dos reservistas. A día de hoy él ya cumplió 16 años y 2 meses de condena.
A él no le corresponde el indulto común porque está sentenciado por secuestro y el humanitario, a día de hoy, no entra en discusión porque tiene un buen estado de salud.
Antauro cumplirá su sentencia el 2 de enero de 2024 y su defensa legal pidió al Poder Judicial el beneficio de la liberación condicional porque ya cumplió tres cuartas partes de la pena.
Le fue denegada y su defensa apeló. El candidato Pedro Castillo anunció que lo indultará, aunque hay figuras legales que se deben revisar.
Así las cosas, para evitar que llegue la pandemia de indultos a la carta el Congreso antes de 28 de julio podría dictar una ley que delimite y especifique las condiciones en las que un presidente puede hacer uso de esta prerrogativa.
El perdón no puede significar ni olvido ni impunidad ni mucho menos una violación al estado de derecho y la separación de poderes.
