Presión sobre ruedas
Las presiones y exigencias de los transportistas al gobierno de Pedro Castillo.
Acuerdos de última hora sellados con un tinte de amenaza. Presiones cargadas de violencia sobre un debilitado gobierno y que finalmente dan frutos a pesar de que la decisión pondría en riesgo la vida, seguridad e integridad de todos los peruanos que transitan por las carreteras del país.
Después de la violencia vivida esta semana, las pérdidas económicas, el desconcierto y bloqueo de las vías ocasionada por miembros de la UGTRAM, organización que reúne a 370 gremios de transporte y a la Federación de Automóviles Colectivos, el Ejecutivo decidió formalizar el uso del auto colectivo. El mismo transporte que es sinónimo de inseguridad y muerte en las carreteras. Además, el gobierno concederá otras flexibilidades para evitar sanciones y fiscalización por parte de los órganos de control como la Sutran y ATU, todo ello como parte de las exigencias de este gremio.
Giovani Diez Villegas es un viejo conocido dirigente de transportistas, es el hombre que se subió a la ola de protestas estos días. Sin frenos ni reparos apretó el acelerador y con una maniobra temeraria, en tiempo récord logró que el Ministerio de Transportes publique el reglamento de servicio de transporte de pasajeros de taxis colectivos, una norma duramente criticada por los especialistas quienes alertan que no habrá forma de fiscalizar a estos vehículos. La cifra de muertes por accidente de tránsito en el país es dura: 5000 personas al año pierden la vida en la vía pública, urbana y carreteras del país.
Con el reglamento publicado, en solo 10 días entrará en vigencia esta ley que nació en el Congreso anterior pero que fue observada por el gobierno de Francisco Sagasti. Sin embargo, hoy, en medio de un convulsionado contexto, Pedro Castillo le da luz verde a los colectiveros para competir con los buses interprovinciales pese a que existen varios vacíos que resulta ser un inminente riesgo para el pasajero.
Otro factor de riesgo de los autos colectivos es la fragilidad de sus carrocerías en las carreteras, pues la ley autoriza que vehículos tipo M1, es decir de carrocería sedán y station wagon, y los tipo M2, las mini van, brinden este servicio de taxi colectivo por nuestras carreteras.
Lo preocupante es que Diez Villegas, con su gremio, buscan que el tránsito de taxis colectivos se legalice también en Lima y Callao.
Pero ahí no queda todo. Hay otras exigencias que los transportistas han llevado a Castillo en estos días mientras que Lima y el país ardía. Exigencias que aún se encuentran en plena negociación, como la flexibilización de requisitos para la revalidación de brevetes, la reorganización de la Sutran y la ATU y lo más escandaloso, la amnistía de papeletas. Este último pedido ya está encaminado, el Ejecutivo envió al Congreso un proyecto de ley para condonar papeletas impuestas a conductores durante la pandemia. La propuesta dice que solo será para faltas administrativas, pero en la práctica no sabemos cómo se aplicará.
Advertidos estamos de lo que se podría venir en los próximos días con este tipo negociaciones y sobre todo de negociadores.