Caso Odebrecht: Graña y Montero ratifica que desconocía pago de sobornos

La onda expansiva del escándalo de corrupción  protagonizado por la brasilera Odebrecht ha alcanzado a una de las empresas peruanas hasta hace poco más sólidas. Tras las acusaciones de Jorge Barata, la reconocida firma Graña y Montero, una de las más grandes constructoras del país, atraviesa una grave crisis de reputación. El viernes de la semana pasada se hizo pública parte de la delacion del ex hombre fuerte de Odebrecht en el Perú, quien afirmó que tanto Graña y Montero como sus otros dos socios sabían de los sobornos pagados al ex presidente Alejandro Toledo por los contratos de la Interoceánica.

“El pago ha sido por Odebrecht, pero el resto de las empresas sí tenían conocimiento, no detalles, pero sí sabían que existía el acuerdo. Lo que si es cierto es que se distribuyó entre los consorciados. No recuerdo la fórmula exacta, esto lo verificaré. Esto fue más o menos así, ellos sabían que habíamos pagado, y sabían que tenían que asumir lo que le correspondería”, dijo Jorge Barata.

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La sola posibilidad de que esta declaración fuera cierta o parcialmente cierta, tendría gravísimas consecuencias para la empresa pues los bancos le quitarían el respaldo financiero que necesitan para sus proyectos, perdería todas las obras que tiene con el Estado que representan el 20% de sus ingresos y enfrentaría demandas millonarias. Por eso, la afirmación de Barata provocó inmediatamente un terremoto en la Bolsa de Valores de Lima. Las acciones de Graña y Montero se desplomaron: el viernes cayeron 33% y el lunes 26%. Ese día, la primera reacción de la empresa tras la abrupta caída de sus acciones fue la renuncia de su plana mayor.

Dejaron sus cargos el presidente de la empresa, José Graña Miró Quesada, el director Hernando Graña Acuña y el gerente general corporativo Mario Alvarado. La empresa anunció que el nuevo gerente general corporativo será Luis Díaz Olivero y el Comité de Apoyo Gerencial del directorio será presidido por Federico Cúneo y estará compuesto por los directores independientes Mark Hoffman, Hugo Santa María y Pedro Pablo Errázuriz. Una noticia que logró una ligera recuperación de las acciones de Graña y Montero en la Bolsa.

Pero ¿qué dice Graña y Montero respecto a las graves acusaciones del delator Barata? ¿Es creíble que no supieran lo que hacía su socio para obtener contratos que a la larga favorecerían a los dos? 

“Como lo hemos repetido varias veces, no teníamos conocimiento, no participamos ni autorizamos ningún acto de corrupción. Lo hemos dicho en reiteradas oportunidades y lo ratificamos nuevamente”, afirma el ex gerente general corporativo de Graña y Montero, Mario Alvarado Pflucker. 

Recordemos que hasta esta semana el gerente general corporativo de Graña y Montero, Mario Alvarado, afirmó en la comisión Lava Jato del Congreso en febrero, que no sabían de los actos de corrupción cometidos por Odebrecht en las obras que compartieron.

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Los proyectos en los que Odebrecht y Graña y Montero han sido socios son, además de la carretera Interoceánica Norte y los tramos 2 y 3 de la Interoceánica Sur, concesionados en el gobierno de Toledo, los tramos 1 y 2 dela Línea 1 del Metro de Lima y la tercera etapa de Chavimochic, ambas licitadas durante el último gobierno de Alan García y el Gasoducto Sur Peruano, concesionado en el gobierno de Humala. Precisamente esta última obra, que se revirtió al Estado luego de que el Consorcio no consiguiera el financiamiento necesario, ha despertado suspicacias sobre la participación de Graña y Montero, pues la empresa peruana ingresó al consorcio liderado por Odebrecht en setiembre del 2015, cuando no solo recaían en la empresa brasilera serias acusaciones de corrupción, sino que además su presidente Marcelo Odebrecht ya estaba preso en Brasil.

Según el ahora ex gerente general de Graña, la empresa tomó el riesgo para salvar el proyecto porque, tras el escándalo, Odebrecht no lograba conseguir el financiamiento necesario para sacarlo adelante.

La caída del valor de las acciones de Graña y Montero no afecta solo a la empresa, sino a todo aquel que tenga fondos en una AFP, pues son dueñas de nada menos que un tercio de las acciones de la empresa, algo que afectará las futuras pensiones de los aportantes dependiendo del tipo de fondo en el que hayan decidido colocar sus aportes. 

“Los que están en el fondo 0, que es el próximo a jubilarse, no tendrán absolutamente nada porque no puedes tener acciones. El fondo 1, compuesto por gente de 60 a 65 años, también cerca a jubilarse, menos de 0,1% en total, 0,3% o 0,4% en el fondo 2 y en el fondo 3 que es más agresivo y que tiene más tiempo para recuperarse, tendría una exposición más larga”, dijo el gerente general de AFP Integra, Aldo Ferrini.

Preguntado sobre por qué las AFP, que ocupan 3 asientos de 9 en el directorio de Graña y Montero no se opusieron a que la empresa invirtiera en el Gasoducto cuando ya se sabía que Odebrecht estaba implicada en casos de corrupción, el gerente general de AFP Integra señaló que no se previó el riesgo que esa decisión implicaba.

La Superintendencia de Banca y Seguros, ente encargado de regular las inversiones que realizan las AFP con el dinero de sus aportantes, afirmó que la regulación les permite tomar decisiones así de arriesgadas con los fondos de una parte considerable de sus 6 millones de afiliados. 

Pero las acciones de Graña y Montero no solo se desplomaron en la Bolsa de Valores de Lima. Recordemos que desde el 2013, la empresa peruana cotiza en la Bolsa de Nueva York. Esta semana trascendió que más de media docena de firmas jurídicas de los Estados Unidos evalúan la posibilidad de presentar demandas colectivas contra la empresa.

El martes 28, tras la renuncia de sus principales directivos, Graña y Montero realizó una junta extraordinaria de accionistas para informar sobre las medidas que tomará la compañía para hacer frente a la crisis que enfrenta. Una de sus decisiones más importantes es vender activos no estratégicos para conseguir liquidez y seguir llevando adelante sus proyectos.

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La crisis de Graña y Montero no solo podría afectar gravemente a sus más de 30 mil trabajadores, sino que tratándose de una de las empresas con más proyectos públicos y privados, la paralización de sus obras podría generar una interrupción de la cadena de pagos que afectaría seriamente a otras empresas relacionadas y finalmente a la economía nacional. 

Cuando preguntamos al ex gerente general de Graña y Montero precisamente por qué la empresa no ha demandado a Jorge Barata por las serias acusaciones vertidas, este prefirió no contestar e hizo hincapié en que la empresa saldrá de la grave crisis en la que se encuentra.

Graña y Montero asegura que Barata miente. No obstante, una mentira de esta gravedad no haría otra cosa que complicar su ya complicada situación legal y la del ex presidente de Odebrecht, condenado a 19 años de prisión en Brasil y acogido a una figura que le permitirá reducir su condena a cambio de ofrecer información documentada que ayude a desarticular la red de corrupción que crearon a su alrededor.