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    Las sanciones con las que Donald Trump intenta sacar del poder a Nicolás Maduro

    EE.UU. ha decretado varias sanciones, incluido un embargo petrolero, para sacar del poder a al presidente de Venezuela, quien denuncia esas acciones como un crimen de lesa humanidad

    Las sanciones con las que Donald Trump intenta sacar del poder a Nicolás Maduro. Foto: AFP
    Las sanciones con las que Donald Trump intenta sacar del poder a Nicolás Maduro. Foto: AFP

    Estados Unidos ha decretado una batería de sanciones, incluido un embargo petrolero, para sacar del poder al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que denuncia esas acciones como un "crimen de lesa humanidad". Aquí un recuento de esas medidas.

    - Freno al financiamiento - 
    El 24 de agosto de 2017, el presidente Donald Trump emitió un decreto que "prohíbe transar nueva deuda emitida por el gobierno de Venezuela y su petrolera estatal" PDVSA. Fue el primero que afectó al país en su conjunto tras sanciones individuales. 

    La medida dificulta la renegociación de una deuda externa estimada en 150.000 millones de dólares y prácticamente expulsó de los mercados financieros al país con la mayor reserva de crudo.

    Trump vetó además las transacciones con bonos del sector público venezolano y los pagos de dividendos al gobierno de Maduro.

    Venezuela y PDVSA fueron declaradas luego en default parcial por pagos atrasados de algunos títulos.

    A fines de 2018 los bonos en default sumaban 6.337 millones de dólares y los pagos atrasados 6.986 millones de dólares, según la consultora Ecoanalítica.

    - No al petro –
    El 19 de marzo de 2018 la Casa Blanca prohibió a los estadounidenses negociar con el petro, criptomoneda que había lanzado Maduro en febrero de ese año, por considerar que fue creada para eludir las sanciones. El activo digital no ha cuajado.

    - Cuentas pendientes –
    El 21 de mayo de 2018, tras la cuestionada reelección de Maduro, un nuevo decreto de Washington vetó todas las transacciones de deuda con entidades oficiales como PDVSA y el Banco Central, incluidos unos pagarés conocidos como "cuentas por cobrar".

    La orden ejecutiva proscribió la venta de acciones o participaciones en cualquier entidad en la que el gobierno venezolano poseyera 50% o más, como Citgo, filial de PDVSA en Estados Unidos.

    - Embargo petrolero –
    El 28 de enero, Estados Unidos prohibió las operaciones con petróleo venezolano a través de su sistema financiero. La medida empezará a regir el 28 de abril y supone el más duro golpe, pues el crudo financia 96% del presupuesto del país sudamericano.

    Citgo puede continuar operando, pero sus ganancias pasarán a una cuenta bloqueada en Estados Unidos, cuyo control Washington entregó al opositor Juan Guaidó, a quien reconoce como presidente encargado de Venezuela.

    Maduro lo denuncia como un "robo".

    - Golpe al comercio de oro –
    Washington sancionó el 19 de marzo a la minera estatal Minerven por realizar operaciones de oro ilícitas que, argumenta, sostienen al líder socialista. 

    - El turno de los bancos –
    El 22 de marzo Washington también sancionó al estatal Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) y tres filiales en Venezuela; así como a Prodem, con sede en Bolivia, y a Bandes Uruguay.

    Las medidas congelan todos los bienes y activos que estas entidades puedan tener en Estados Unidos o en posesión o control de personas estadounidenses, a la vez que prohíben toda transacción con individuos o entidades estadounidenses o en tránsito en el país.

    - Bloqueo de barcos y navieras –
    El 12 de abril, Trump decretó como "propiedad bloqueada" a 34 embarcaciones de PDVSA y sancionó a dos compañías navieras por enviar crudo de Venezuela a Cuba.

    - Banco Central sin dólares –
    El 17 de abril Estados Unidos vetó todas las transacciones estadounidenses con el Banco Central de Venezuela, lo que corta su acceso a dólares.

    - Sanciones individuales –
    Además de las medidas para estrangular económicamente a Maduro, Washington ha aplicado sanciones contra 87 personas entre funcionarios, exfuncionarios y personas del entorno del mandatario; así como 44 entidades.

    Las razones esgrimidas van desde violación de derechos humanos hasta corrupción y narcotráfico.

    AFP

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