Urviola sobre franja informativa: "Es expropiación encubierta"
El expresidente del Tribunal Constitucional calificó la propuesta como una violación a la libertad de prensa y al derecho de propiedad.
Foto y video: Canal N
Óscar Urviola, expresidente del Tribunal Constitucional (TC), expresó su rotundo rechazo a la propuesta del Gobierno de establecer una franja informativa obligatoria en los medios de comunicación durante los estados de emergencia.
En una entrevista con el programa Cuentas Claras de América Noticias, Urviola no dudó en calificar la medida como una "expropiación encubierta", ya que considera que se estaría arrebatando a los medios un espacio que puede ser comercializado legítimamente.
"Esto es una expropiación encubierta, el Estado está tomando algo que es de los medios y que puede ser aprovechado para su beneficio", declaró Urviola, quien también advirtió que el planteamiento del Gobierno vulneraría principios constitucionales al afectar la libertad de prensa y el derecho de propiedad.
En sus declaraciones, subrayó que este tipo de intervención estatal es inapropiado en una economía de libre mercado.
El exmagistrado destacó que si el Ejecutivo pretende que los medios de comunicación cedan 40 minutos de su espacio para emitir mensajes gubernamentales, esto representaría un daño a la autonomía empresarial y un claro atentado contra el derecho de los propietarios de los medios. "El Estado debe intervenir lo menos posible en la economía", indicó Urviola.
Franja informativa del Gobierno
El Ejecutivo propone modificar la Ley de Radio y Televisión para crear una franja informativa de 40 minutos que los medios de comunicación deberán difundir durante los estados de emergencia. El ministro de Justicia, Eduardo Arana, precisó que la medida se llevará a cabo como parte de la política de comunicación del Gobierno, mientras que el primer ministro Gustavo Adrianzén aclaró que la iniciativa no busca obligar a los medios, sino invitarlos a colaborar.
Por último, Urviola también abordó la polémica "ley mordaza", aprobada en primera votación por el Congreso, que propone penas más severas por los delitos de calumnia y difamación. El ex presidente del TC calificó este tipo de medidas como un retroceso en la libertad de expresión.
