La justicia aún no llega para los deudos tras seis años del 'Baguazo'

La herida continúa abierta luego de pasados seis años desde el llamado 'Baguazo', conflicto que dejó 33 peruanos muertos y uno desaparecido. Seis procesos judiciales por este caso siguen pendientes y no hay sanción efectiva para los responsables políticos de esta lamentable hecho.

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El 5 de junio del 2009 369 agentes de la Policía ingresaron armados a la zona conocida como 'Curva del Diablo' en Bagua a fin de retirar a cientos de nativos Awajún y Wampis que se habían atrincherado allí.

Los nativos mantenían tomada por cerca de dos meses la carretera Fernando Belaúnde Terry como medida de protesta por la reducción del parque nacional Ichigkat Muja en beneficio de unas concesiones mineras dispuesto durante el gobierno del expresidente Alan García sin consultar a la población indígena que residía allí.

Durante el enfrentamiento por liberar la vía, la Policía utilizó bombas lacrimógenas e incluso armas de fuego que dejaron graves heridos, luego exasperó más a los protestantes, que respondieron atacando con machetes y lanzas a los agentes. Este conflicto dejó 23 policías y 10 civiles muertos, así como un agente desaparecido, mayor Felipe Bazán.

Seis años después de lo ocurrido, hay 52 y 24 indígenas acusados por las muertes en este enfrentamiento pero la justicia aún no llega para los deudos. Solo tres de los siete juicios vinculados al caso ha comenzado: el caso 'Curva del Diablo', 'Estación 6' y la desaparición del mayor Bazán. El resto aún no tiene fecha de inicio. Ninguno de los acusados por el Baguazo es una autoridad del gobierno aprista, el cual dispuso la medida.

El Instituto de Defensa Legal, que participa en la defensa de algunos acusados,  acusó al Poder Judicial de desinterés en convocar a intérpretes para facilitar las audiencias con los implicados que pertenecen a las etnias amazónicas, lo cual demoraría el proceso correspondiente.

El defensor del Pueblo, Eduardo Vega, recomendó tras este conflicto al Ministerio de Agricultura (Minagri) de impulsar el fortalecimiento de las políticas de reconocimiento y titulación de territorios pertenecientes a comunidades tanto nativas como campesinas con la finalidad de que hechos violentos de este tipo vuelvan a enfrentar a los peruanos.