Proponen anular juicios si se usa al menos una prueba ilícita
El proyecto de ley en el Congreso podría afectar varias investigaciones en curso.
Una nueva propuesta en el Congreso ha generado polémica. La congresista Heidy Juárez presentó un proyecto de ley que plantea anular cualquier proceso judicial si en la investigación se ha utilizado al menos una prueba obtenida de manera ilícita.
El debate no tardó en encenderse, ya que esta medida podría beneficiar a muchos investigados, incluidos varios legisladores.
¿Cómo afectaría a las investigaciones en curso?
El abogado penalista Fernando Ugaz explicó que un proceso judicial no se basa en una única prueba, sino en múltiples elementos que el juez evalúa en conjunto. En ese sentido, advirtió que esta iniciativa podría obstaculizar investigaciones y permitir que algunos casos sean desestimados injustamente.
Desde Podemos Perú, partido de la congresista Juárez, han tomado distancia de la propuesta. El legislador José Luna afirmó que el proyecto aún no ha sido revisado por su bancada y que será evaluado antes de decidir si lo respaldan o no.
Posturas encontradas en el Congreso
Algunas bancadas han mostrado preocupación. La congresista Gladys Echaíz, de Honor y Democracia, sostuvo que no se debería anular un proceso si solo una prueba es ilícita, sino solo cuando toda la evidencia carezca de validez.
Para Ugaz, esta propuesta genera dudas sobre la intención real de la medida, ya que podría interpretarse como un intento de interferir en la labor de jueces y fiscales. “Es inviable y atenta contra el sistema de justicia”, advirtió el abogado.
Congresistas investigados respaldan la iniciativa
Uno de los aspectos más llamativos es que la propuesta ha sido firmada por varios congresistas investigados por diversos delitos, entre ellos Heidy Juárez (cohecho pasivo), José Luna (organización criminal), Guido Bellido (obstrucción a la justicia), José Arriola (concusión), Kira Alcarráz (cohecho pasivo), Edgar Tello (concusión), Darwin Espinoza (peculado y concusión) y Luis Picón, quien ya fue sentenciado por negociación incompatible.
El proyecto será revisado en la Comisión de Justicia antes de su posible debate en el Pleno. Mientras tanto, la controversia en torno a esta iniciativa sigue en aumento.