Policía responsabiliza al fiscal por liberar a acusados de abuso sexual
Defensa legal de la PNP intentó justificar demora en entrega del atestado policial.
Jóvenes acusados de abuso sexual fueron detenidos y, luego de 24 horas, puestos en libertad. Foto: captura América Noticias
La liberación de dos jóvenes universitarios acusados del presunto delito de abuso sexual enfrenta a la Policía con el Ministerio Público. Según el fiscal, el expediente, elaborado por los efectivos policiales que recibieron en caso, debió ser remitido a su despacho en un plazo máximo de 24 horas, como manda la ley.
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Para el jefe de Defensa Legal de la Policía Nacional, general Máximo Ramírez, la responsabilidad recae en el fiscal provincial penal Augusto Berrocal Castañeda. A su vez, rechaza la versión del fiscal que refiere que un coronel mandó pedir el expediente del caso.
Como se recuerda, el fiscal Berrocal refirió que “el atestado [policial] estaba hecho a las 10 de la mañana y que el coronel [Juan] Carnero solicitó la denuncia para revisarla porque está dentro de sus facultades. Pero [se demoró] tres horas y me parece que es mucho tiempo”.
América Noticias obtuvo un documento del Ministerio Público donde el técnico de segunda Javier Modesto Ruíz Valencia, encargado de elaborar el atestado policial indicó que el mencionado documento estaba listo desde las 10 de la mañana de ese día. Incluso, en su manifestación se lee que dicha información “la puede corroborar el mayor Coloma, quien coordinó vía telefónica la demora en la remisión del atestado” muestra la declaración del técnico”.
El policía Ruíz Valencia añade que el atestado policial estaba a la espera de la firma del coronel Juan Carnero. “Yo llamo a su despacho a las 11.08 am indicándole que estaba para el visto bueno del coronel Carnero, jefe del Área Centro, y a las 11.36 am el mayor Herrera coordina con el fiscal provincial, acordando que el atestado iba a ser enviado por correo electrónico, hasta ese entonces el coronel no daba aún el visto bueno del atestado”.
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Las investigaciones continúan para determinar si los jóvenes universitarios tienen o no responsabilidad penal por el delito del que se les acusa.
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