Un reciente escándalo ha sacudido a la Policía Nacional del Perú (PNP) luego de que se diera a conocer una violación grupal ocurrida en el interior de la División de Emergencia en La Victoria.
De los diez agentes involucrados en el ataque a un colega, solamente dos han sido sancionados y retirados de sus cargos.
Los otros siguen ejerciendo dentro de la institución, lo que ha generado indignación y repudio tanto dentro de la policía como del Ministerio del Interior.
Actualmente, los dos agresores identificados están detenidos y enfrentan una pena privativa de libertad de veinte años y once meses por el delito de violación.
Este caso no solo expone la violencia dentro de un centro policial, sino también la negligencia y los intereses que permiten la injusticia.
El hecho ocurrió en enero de 2023, cuando un grupo de agentes agredió físicamente y sexualmente a un colega en el contexto de una supuesta 'tradición policial'.
La víctima fue tapada con una frazada y atacada por aproximadamente diez efectivos, quienes lo sometieron a golpes y abuso sexual.
Las declaraciones de la víctima y la intervención de la Defensoría del Policía han sacado a la luz las irregularidades en la investigación.
El 4 de julio, el Ministerio del Interior emitió un comunicado en el que se informó sobre la intervención de la Defensoría del Policía, detectando irregularidades en el proceso y ordenando la inclusión de todos los implicados en la investigación.
A pesar de ello, la pregunta persiste: ¿por qué se ha tardado tanto en actuar? La Fiscalía está pidiendo veinte años y once meses de pena privativa de libertad para los agresores identificados.
Sin embargo, el proceso judicial sigue y la Defensoría del Policía continúa investigando si hay más víctimas que han sido silenciadas por miedo o vergüenza.
Desde aquí, expresamos nuestro apoyo a las víctimas y hacemos un llamado a las autoridades para que todos los responsables sean condenados conforme a la ley.
