Caso 'Los Niños': convocan al Congreso a empresarios chinos que ganaron contratos con el Estado
Subcomisión de Acusaciones Constitucionales culminó con testimonios en caso de seis congresistas de Acción Popular acusados por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y tráfico de influencias en agravio del Estado
La Subcomisión de Acusaciones Contusiónales (SCAC) concluyó su etapa testimonial con las declaraciones de representantes de empresas chinas, que tienen contratos con el Estado, y de testigos vinculados al caso de la denuncia constitucional que involucra a seis parlamentarios de Acción Popular.
Asimismo, se aprobó un plazo de cinco días hábiles para el recojo de material documental vinculado a la investigación que involucra a seis congresistas.
En efecto, el grupo de trabajo parlamentario, que dirige la congresista Lady Camones Soriano (APP) recibió, en su vigésima sétima sesión extraordinaria, el testimonio de 19 testigos de un total de 33 que convocó.
Es el caso de la DC 300 formulada por la congresista Patricia Rosa Chirinos Venegas, de Avanza País, contra los congresistas de la bancada de Acción Popular, Raúl Felipe Doroteo Carbajo, Juan Carlos Mori Celis, Jorge Luis Flores Ancachi, Jhaec Darwin Espinoza Vargas, Ilich Fredy López Ureña y Elvis Hernán Vergara Mendoza.
Se les acusa de ser presuntos autores de infracción constitucional y por la presunta comisión de los delitos de colusión agravada, cohecho pasivo impropio, organización criminal y tráfico de influencias en agravio del Estado.
Durante la sesión, la titular de la SCAC dio cuenta de un oficio firmado por la colaboradora eficaz Karelim López Arredondo, en el que señala que en la situación legal en que se encuentra no puede prestar testimonio y, que si se persistiera en ello, recurriría a su derecho de guardar silencio.
Empero, esta parte del proceso de la SCAC ya culminó y queda pendiente el recojo de la documentación respectiva por parte de las entidades públicas y privadas referidas al tema, para lo cual se aprobó un plazo de cinco días útiles, que se cumplirá el 20 de febrero próximo.
Para la fecha fueron convocados diez empresarios y funcionarios de constructoras chinas, entre ellos Chen Junkun y Fang Yimin, de la empresa China Railway Engineering N° 10, quienes no se presentaron a la sesión.
El abogado José Luis Lecaros Cornejo, representante legal de la empresa en referencia, dijo que el primero ya no trabaja en esa organización y que el segundo se encuentra fuera del Perú.
Los empresarios chinos Jiao Guohua, Zhang Kaiyu, Liu Xuebing, Li Qingyong, Chen Min, Liu Yi, Zhang Yongkang, Chen Zhuoran y Chang Rong, quienes utilizaron los servicios de un traductor, coincidieron en señalar que no conocen a los congresistas denunciados y, que, si los vieron fue en forma superficial y breve.
Ese fue el caso del representante de la empresa China Civil Engineering Construction (CCECC), Li Qingyong, quien dijo que se reunió con el congresista Raúl Doroteo Carbajo en los primeros días de enero del 2022, convocado por una persona de nombre “Oswaldo”. Señaló que hablaron de un proyecto de inversión privada en Ica, pero que no llegaron a ningún acuerdo.
Al pedido de la congresista delegada, Norma Yarrow Lumbreras, de Avanza País, quien está a cargo de la investigación, los testigos se comprometieron a enviar información detallada de los contratos, montos, capacidad de inversión, entre otros, en un plazo de 24 horas.
A la sesión también fueron citadas las congresistas Hilda Portero López y Silvia Monteza Facho. La segunda, pidió la reprogramación de su asistencia.
Por su lado, Portero López indicó, de manera virtual, que a las tres reuniones de setiembre del 2021, en las que participó en Palacio de Gobierno, fue acompañada de su bancada y que en ningún momento se habló de pactos. “Las conversaciones fueron sobre la Agenda País y de desarrollo en las regiones, en el marco de la gobernabilidad”, afirmó.
Por su lado, el exjefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Vivienda, Salatiel Marruffo Alcántara, pidió su reprogramación por no estar presente su abogado.
El exasesor presidencial, Biberto Benerando Castillo, quien se encuentra en el penal Castro Castro, no se presentó ni presencial ni virtualmente, por encontrarse mal de salud, según el director de ese centro penitenciario, Hernán Juárez.
Otro testigo convocado Eder Vitón Burga, exasesor del Gabinete técnico de la Presidencia, quien aseguró no haber participado en las reuniones del exmandatario con congresistas o ministros y que renunció por motivos personales.
En esa misma línea respondió Beder Camacho Gadea, manifestando que no se reunió con los congresistas aludidos.