Hoy:

    Fiscalía alerta sobre cambios en extinción de dominio

    El Ministerio Público señala que esta figura jurídica es clave para la lucha contra delitos como corrupción, lavado de activos y crimen organizado

    Foto: Andina. Video: Canal N

    El Ministerio Público envió al Congreso de la República su opinión sobre el Proyecto de Ley 3577/2022-CR, que modifica la Ley de Extinción de Dominio. En su documento, la Fiscalía de la Nación advierte que la propuesta es inviable y recomienda revisar los compromisos internacionales asumidos por el Perú en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado.

    Según la Fiscalía, cualquier cambio en la normativa debe alinearse con tratados como la Convención de Palermo y la Convención de Mérida. Estos acuerdos internacionales regulan la extinción de dominio, también conocida como "decomiso sin condena" en otros países, y establecen parámetros para la recuperación de bienes de origen ilícito.

    Posibles consecuencias de la reforma

    El Ministerio Público señala que esta figura jurídica es clave para la lucha contra delitos como corrupción, lavado de activos y crimen organizado. Por ello, modificar su alcance sin considerar la normativa internacional podría generar complicaciones en la cooperación con otros países en materia de recuperación de activos.

    Asimismo, la Fiscalía enfatiza que una reforma apresurada podría afectar la capacidad del Estado para incautar bienes obtenidos ilícitamente, debilitando su efectividad en la persecución de actividades ilegales.

    Propuesta reduciría la efectividad de esta herramienta

    El Poder Judicial expresó su preocupación ante la posible modificación de la Ley de Extinción de Dominio. Según la institución, la nueva propuesta reduciría la efectividad de esta herramienta usada para recuperar bienes obtenidos de manera ilícita.

    Modificación reduciría plazos para recuperar bienes ilícitos

    La institución envió al Congreso un documento donde advierte que la iniciativa plantea un plazo de prescripción de cinco años, lo que dificultaría la recuperación de propiedades vinculadas a delitos como corrupción, narcotráfico y lavado de activos.