TC dejó al voto fallo sobre extinción de dominio

Mientras el Estado defiende la norma, la Defensoría alerta posibles abusos contra comerciantes.

Foto y video: Canal N

El Tribunal Constitucional (TC) evaluó la demanda presentada por la Defensoría del Pueblo contra el Decreto Legislativo 1373, que regula la extinción de dominio en el Perú. Este mecanismo permite la confiscación de bienes de origen ilícito sin necesidad de una sentencia penal.

El principal argumento de la Defensoría es que la norma vulnera el derecho de propiedad y que debería haber sido aprobada por el Congreso y no a través de una delegación de facultades. Además, señalaron que hay casos de comerciantes modestos que se han visto afectados por su aplicación.

¿Protección contra el crimen o riesgo para ciudadanos?

Durante la audiencia, el procurador Luis Huerta, representante del Estado, defendió la importancia de la norma, asegurando que ha sido clave en la lucha contra el crimen organizado. Explicó que el derecho de propiedad solo se garantiza cuando los bienes provienen de actividades lícitas y que esta herramienta ha permitido confiscar bienes ilegales sin esperar una sentencia penal.

Por otro lado, la adjunta constitucional de la Defensoría, Elizabeth Zea, insistió en que la norma podría perjudicar a ciudadanos inocentes, por lo que se necesita un debate más amplio en el Congreso antes de su aplicación definitiva.

Más de 5 mil casos en juego

El Tribunal Constitucional deberá decidir si la extinción de dominio sigue vigente en su forma actual o si requiere modificaciones. Según el Poder Judicial, si la norma es anulada, más de 5 mil procesos en curso quedarían en el aire, afectando la lucha contra el crimen organizado.

Mientras tanto, el Congreso ya ha aprobado en primera votación una norma que busca modificar el decreto, condicionando la extinción de dominio a la existencia de una sentencia penal firme.

La decisión del TC será clave para determinar si la extinción de dominio sigue siendo una herramienta eficaz contra el delito o si necesita ajustes para evitar abusos contra ciudadanos.