Defensoría del Pueblo: Municipios deben garantizar limpieza pública

A raíz de los problemas que se están presentando en el servicio de limpieza pública en Lima y varias provincias del país, los cuales afectan la salud de las personas y el medio ambiente, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación e exigió a las autoridades de que garanticen la continua prestación del recojo de basura en todas las localidades.

A través de un comunicado, la institución anunció que realizará una supervisión nacional para obtener un diagnóstico sobre este servicio.

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“Si bien, en algunos casos, el servicio de limpieza pública se encuentra a cargo de un tercero, la titularidad de dicha obligación siempre corresponde a las municipalidades”, señaló el defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez.

En ese sentido, el funcionario recordó que el mismo constituye un servicio público individualizado que se brinda en contraprestación al pago de arbitrios. Cabe señalar que, a la fecha, se ha recaudado solo el 80 % del monto de arbitrios esperado a nivel nacional, lo que perjudica la adecuada prestación de los servicios públicos.

Además, Gutiérrez resaltó que la ausencia o inadecuada prestación del servicio de limpieza pública implica el incumplimiento de deberes de función y no solo constituye responsabilidad administrativa, sino también penal.

No prestar el servicio de limpieza pública, implica, a su vez, la comisión de ilícitos penales como la omisión de funciones o demora de actos funcionales por parte de los funcionarios públicos que tienen dicho deber a su cargo. Este alcanza también a los terceros que prestan dicho servicio, en tanto que quienes mantengan vínculo contractual de cualquier naturaleza con el Estado, y que en virtud de ello ejerzan funciones o la prestación de un servicio, son considerados funcionarios públicos, de acuerdo al Código Penal.

Finalmente, el defensor del Pueblo, recordó a los alcaldes de los municipios que están afrontando este problema que “independientemente de las controversias entre las entidades y las empresas contratadas que prestan servicios a la comunidad, la continuidad de estos debe garantizarse”, recordando además que “la responsabilidad penal por omisión de funciones compromete a los funcionarios de la empresa que brinda el servicio”.