Hoy:

    Defensoría advierte sobre irregularidades contractuales del Metropolitano

    Según indicó la Defensoría, la MML y empresas han distorsionado el contrato de concesión del Metropolitano

    Afirmaron que durante años las empresas se han beneficiado de cambios en el contrato que perjudican a usuarios. Foto: Defensoría
    Afirmaron que durante años las empresas se han beneficiado de cambios en el contrato que perjudican a usuarios. Foto: Defensoría

    La Defensoría del Pueblo rechazó el incremento anunciado para el próximo noviembre, del costo del pasaje en el Metropolitano de S/ 2,50 a S/ 2,85, y denunció graves irregularidades que vienen produciéndose desde el año 2010 entre la Municipalidad de Lima (MML) y cuatro empresas concesionarias, que facilita la aplicación unilateral de incrementos arbitrarios de tarifas, en perjuicio de los usuarios.

    Así, indicaron que, mediante adendas se suprimió la posibilidad de sancionar a las concesionarias por establecer un pasaje que exceda el precio máximo de las fórmulas contractuales. Anteriormente, la penalidad era de 20 UIT (S/ 83 000) hasta un máximo de 30 días a cada concesionario.

    Debido a este hecho, en el año 2014 y pese a las protestas de la Municipalidad Metropolitana de Lima, las concesionarias aumentaron el pasaje de S/ 2,00 a S/ 2,50 y aunque se anunciaron denuncias penales y procesos arbitrales en contra de la empresa, a la fecha no hay ningún resultado a favor de los usuarios, de acuerdo a lo que detallaron.

    Otra de las graves deficiencias contractuales, apuntaron, es que la MML y las empresas postergaron la fecha de inicio de la concesión de manera indefinida, prolongando excesivamente la etapa de pre-operación desde el año 2010 a la actualidad. Para culminar la etapa de pre-operación se requiere la entrega de la totalidad de las obras de infraestructura programada por parte de la Municipalidad. 

    Afirmaron que durante ocho años las empresas se han beneficiado de cambios en el contrato que perjudican a los usuarios y al Estado. La Defensoría considera inaceptable que la propia Municipalidad haya aceptado suspender la aplicación de sanciones por incumplimientos y anular la posibilidad de imponer sanciones por el cobro de un pasaje irregular.


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