La propuesta del Ejecutivo para modificar el Consejo para la Reforma del Sistema de Justicia en Perú ha generado controversias significativas en el ámbito político.
Uno de los puntos que más inquietud ha suscitado es que la presidencia del Consejo recaería de forma indelegable en el presidente de la República, lo que limita la posibilidad de que un representante asuma esta función en caso de cuestionamientos éticos o legales sobre el titular del Ejecutivo.
Esta medida plantea preguntas sobre cómo se gestionarán posibles conflictos de interés, especialmente si la persona en cuestión se encuentra investigada o vinculada a casos judiciales.
El proyecto también especifica que la Secretaría Técnica del Consejo debe ser ejercida exclusivamente por el ministro de Justicia, lo cual ha levantado suspicacias en el Legislativo.
Congresistas cuestionan Consejo
Varios congresistas, como Alejandro Muñante de Renovación Popular y Jaime Quito de la bancada socialista, expresan preocupaciones no solo sobre la estructura del Consejo, sino sobre la efectividad de esta iniciativa.
Argumentan que, aunque el Consejo se creó en 2019 para impulsar reformas judiciales, su impacto ha sido escaso en términos de políticas públicas y decisiones concretas.
Esta situación, dicen, podría convertirse en una repetición de esfuerzos anteriores, que no han dado resultados tangibles para mejorar el sistema judicial.
En cuanto a su conformación, el proyecto incluye a altos representantes de diversas instituciones del Estado: el presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial, el fiscal de la Nación, el presidente del Tribunal Constitucional, el presidente de la Junta Nacional de Justicia, el contralor de la República y el defensor del Pueblo.
Sin embargo, la crítica persiste en que esta integración podría hacer que el Consejo siga lineamientos políticos más que técnicos y represente intereses de las mayorías congresales, limitando así su imparcialidad y su capacidad para tomar decisiones autónomas y efectivas.
En última instancia, el proyecto deberá someterse a evaluación en las comisiones del Congreso antes de su debate en el pleno, donde se decidirá si se aprueba o se realizan modificaciones para abordar estas preocupaciones.
