Las cuestionadas designaciones en el gobierno de Pedro Castillo

Las designaciones en puestos claves del Estado siguen bajo sospecha y crítica. Y es que el gobierno de Pedro Castillo ha optado por nombrar en cargos públicos a personajes que están ligados a Vladimir Cerrón, a Perú Libre, o simplemente arrastran sombras sobre su pasado judicial o empresarial.

Quien encabeza la lista de hoy flamantes funcionarios públicos es Braulio Grajeda Bellido, vocero de Perú Libre y hombre de confianza del sentenciado ex gobernador de Junín, Vladimir Cerrón. Él fue designado viceministro de Gobernanza Territorial del Consejo de Ministros.

El nombre de Braulio Grajeda, quien postuló sin éxito al Congreso de la República por el partido del lápiz, aparece en los chats de "Los Dinámicos del Centro". En las conversaciones interceptadas por la Policía se pide a los seguidores de Cerrón que depositen dinero para pagar la reparación civil que le impuso el Poder Judicial.

Lo increíble del caso es que las cuotas solidarias a favor del dueño del partido Perú Libre debían ir a una cuenta bancaria, la cual estaba nada menos que a nombre de Braulio Grajeda y Dina Boluarte.

Otro personaje que ahora es parte del aparato del Estado es Alberto Falla Avellaneda, hoy flamante director ejecutivo del Programa Nacional de Transporte Urbano Sostenible - ProMovilidad, una entidad del Ministerio de Transportes y Comunicaciones que se encarga de gestionar el transporte público en el país.

Falla Avellaneda, según Registros Públicos, fundó, en el 2016, Revisiones Técnicas del Sur SAC o Retecsur SAC. Esta empresa, cuya planta de revisiones está ubicada en Ica, fue clausurada de forma definitiva por la Sutrán en mayo último. 

¿La razón? Los fiscalizadores detectaron que Retecsur SAC cobraba para emitir certificados de inspección técnica a autos que no habían pasado la respectiva evaluación.

El abogado Salatiel Marrufo es cercano a Perú Libre y fue designado jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Vivienda.

Lo que no se sabía de él hasta ahora es que, en el 2018, la Fiscalía de Lambayeque le abrió investigación por presuntos los delitos de organización criminal y lavado de activos, al igual que a otros personajes de la administración judicial de la azucarera Tumán.

El amiguismo y el carné partidario, sin filtro alguno, marcan el inicio del gobierno de Pedro Castillo.