Hoy:

    Congreso promulgó Nuevo Código Procesal Constitucional

    El Congreso promulgó el Nuevo Código Procesal Constitucional. Entre las reformas se incluye la reducción de cinco a cuatro votos necesarios para resolver una demanda competencial ante el TC

    El Poder Legislativo promulgó la ley que modifica el Nuevo Código Procesal Constitucional, que tiene como propósito fortalecer los procesos constitucionales y que reduce de cinco a cuatro votos la admisión y aprobación de una demanda competencial en el Tribunal Constitucional (TC).

    Respecto a este caso, se indicó en la normal que, de darse el caso de empate, el presidente del Tribunal Constitucional tiene voto decisorio. De no llegarse al número de votos exigidos, la demanda será infundada, se detalló.

    En el Nuevo Código Procesal Constitucional también se consideran cambios en las medidas cautelares para disponer que son competentes para conocer del proceso de amparo el juez constitucional del lugar donde se afectó el derecho, o donde tiene su domicilio el afectado, o donde vive el autor de la infracción.

    Se indicó también que se puede solicitar al TC la suspensión de la disposición, resolución o acto objeto de conflicto, en todo o en parte mediante una medida cautelar, la misma que requiere estar fundamentada en la verosimilitud de la afectación competencial invocada, en el peligro de la demora, en la adecuación de la pretensión y en el principio de reversibilidad.

    Es preciso indicar que, en octubre pasado, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) advirtió que la ley que modifica el Nuevo Código Procesal Constitucional, aprobada en primera votación por el Congreso de la república, "limita el rol del Tribunal Constitucional (TC)" y "pone en riesgo estabilidad del sistema de justicia".

    Antonio de la Haza, titular de la JNJ, detalló durante la ceremonia de juramentación y entrega de títulos de treinta jueces, que la norma busca reducir el número de votos requeridos para resolver procesos competenciales.

    “Esta propuesta, que ha generado preocupación entre los ciudadanos, podría debilitar la capacidad del Tribunal para actuar como contrapeso en casos críticos que comprometen los derechos fundamentales y el Estado de derecho”, señaló.