Bagua: niños discapacitados no pueden cobrar dinero de programa social

Juan David es el cuarto hijo de Maritza Terrones Díaz y a sus 18 meses no conoce de derrotas y lucha día a día por superar su discapacidad física: no cuenta con extremidades inferiores.  

Desde que llegó al mundo, Juan David no solo ha tenido que enfrentar, como sus hermanos y cientos de niños de Bagua Grande, carencias económicas extremas. En su hogar, la necesidad es el pan de cada día e incluso un poco de leche puede ser un lujo que sus padres solo le pueden ofrecer esporádicamente.

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Pero ni todo su coraje, ni todo el esfuerzo de sus padres, son suficientes. Por eso, cuando el presidente Ollanta Humala anunció en su mensaje a la Nación de julio del año pasado la creación de una pensión para las personas con discapacidad severa en situación de pobreza, una luz de esperanza iluminó el corazón de su madre. 

Gracias al trabajo conjunto de la Defensoría del Pueblo y las autoridades locales, 663 discapacitados de la región Amazonas fueron certificados como beneficiarios de este programa social adscrito al Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. 

Sin embargo, a diferencia de otros programas en que el dinero se entrega a las cabezas de familia, en este caso son los discapacitados los beneficiarios directos. El Banco de la Nación abrió cuentas a nombre de todos los favorecidos por esta pensión y el ministerio inició el depósito de los 150 soles mensuales. Pero, los menores de edad están impedidos por ley de retirar dinero por sí mismos y tratándose de niños con discapacidad severa, el asunto es aún más complicado.

Sólo en la región Amazonas 203 menores con discapacidad severa y debajo de la línea de pobreza tienen acumulados en sus cuentas 600 soles correspondientes a los últimos cuatro meses de pensión, pero ninguno de sus padres puede retirar el dinero. El banco les exige que inicien un proceso judicial, que puede tardar más de un año, para obtener la autorización que les permita retirar la pensión de las cuentas de sus hijos.

A tres horas de Bagua está ubicaba la comunidad nativa de Nazareth. Aquí, la familia de Nanantai, un niño de 11 años con habilidades diferentes y problemas de desnutrición, logró obtener su certificación luego de una serie de trámites para convertirlo en beneficiario de la pensión.

Una vez certificado como persona con discapacidad severa en situación de pobreza, su padre acudió al Banco de la Nación de Chiriaco para cobrar su pensión, pero se llevó una terrible sorpresa. 

Exactamente lo mismo le ocurrió a la familia de Juan Carlos, un pequeño también de la etnia aguajún de 2 años y 8 meses de edad con una severa deficiencia en el desarrollo de su sistema psicomotor que le fue diagnosticado a los 2 años de edad.

El menor no puede caminar y pese a sus esfuerzos por coordinar sus movimientos no consigue coger lo que se propone con las manos. Él también depende de su madre, quien se ha visto obligada a dejar de colaborar con las actividades económicas de la familia para dedicarse exclusivamente al cuidado de su niño.

Las familias de los menores con discapacidad severa de la región Amazonas invirtieron su tiempo y su dinero en conseguir todos y cada uno de los requisitos que el programa del Ministerio de la Mujer exige para ser beneficiario de la pensión, pero hoy se sienten burlados.
En Lima, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables reconoce que cuando elaboraron el marco normativo del programa no consideraron el problema que evidentemente se iba a suscitar con la entrega del dinero a los beneficiarios menores de edad.

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A nivel nacional son 560 menores de edad con discapacidad severa y en situación de pobreza que siguen sin poder retirar la pensión que el Ministerio de la Mujer ya depositó en sus cuentas del Banco de la Nación. Un monto de dinero que podría marcar la diferencia para más de medio millar de niños que hoy sobreviven en la miseria.

Después de casi un año de existencia del programa, el Ministerio de la Mujer dice haber encontrado la salida: modificar el decreto supremo con el que se creó la pensión para permitir que el pago se realice no al menor de edad discapacitado directamente, sino a sus padres o apoderados.

Según el viceministro de Poblaciones Vulnerables, el presidente Ollanta Humala promulgará la modificación al decreto esta semana, antes de dejar el mando este 28 de julio. Sin embargo, implementar su aplicación también tomará tiempo. Por eso la Defensoría del Pueblo le exige al Ministerio de la Mujer que encuentre un mecanismo que permita la entrega inmediata del dinero acumulado en las cuentas bancarias a sus beneficiarios.