Hoy:

    Asesinato de ingeniero: Dictan prisión preventiva contra esposa de la víctima y su presunto amante

    Cadáver del ingeniero fue hallado enterrado en su propia vivienda 

    El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva a Rosa Mejía Izquierdo y Giancarlo Torres Santisteban, implicados en la muerte del ingeniero Omar Catón Llontop, esposo de la mujer investigada.

    Según la tesis de la Fiscalía, los imputados Mejía Izquierdo y Torres Santisteban, quienes además habrían mantenido una relación extramatrimonial, habrían concertado para dar muerte a Catón Llontop.

    Los hechos que acabaron con la vida de la víctima  ocurrieron el 10 de enero pasado en el inmueble ubicado en la calle Las Grutas 663, pueblo joven Cruz del Perdón en Chiclayo. 

    Es así que el día de los hechos, habrían acordado simular un robo en la vivienda que habitaban el occiso y la investigada, para darle muerte asfixiándolo y luego enterrarlo en el corral del domicilio.

    La magistrada Flor Mestanza Gabriel luego de escuchar el requerimiento del representante del Ministerio Público, así como los alegatos de los abogados de los imputados, concluyó que en este caso se cumplen los requisitos que exige el Código Procesal Penal para imponer la prisión preventiva.

    Esto es que existen evidencias suficientes que vinculan a Mejía Izquierdo y Torres Santisteban con la comisión de los delitos imputados.

    Asimismo, que los delitos que la Fiscalía les atribuye se sancionan con penas superiores a cuatro años (parricidio se sanciona con no menos de 25 años de cárcel y homicidio calificado con 15 años como mínimo), y que, además, existe el peligro de fuga y obstaculización de la verdad.

    Las defensas de ambos investigados no acreditaron arraigo domiciliario, familiar ni laboral, por lo que la magistrada estableció que la prisión preventiva es la única medida idónea y necesaria, en este caso, para descartar toda posibilidad de rehuir a la acción de la justicia.

    Al concluir la audiencia, el representante del Ministerio Público expresó su conformidad con la decisión judicial, mientras que los abogados de los investigados se reservaron el derecho de apelar la medida.