Venezuela: Parlamento aprueba ley de amnistía para opositores presos

El Parlamento de Venezuela, controlado por la oposición, aprobó este martes en primer debate una amnistía para políticos presos, una polémica ley que el chavismo rechaza, abriendo otro foco de tensión en el conflicto de poderes que afecta al país.

Entre aplausos y gritos de "¡Libertad!" de familiares de los presos, el presidente legislativo Henry Ramos proclamó la aprobación por mayoría de la ley, tras un encendido discurso contra el gobierno, que cerró más de cuatro horas de discusiones.

"Esta ley busca ponerle fin a una era de prisión y persecución por razones de pensamiento distinto. No podemos hablar de justicia mientras haya presos y exiliados políticos", dijo desde la tribuna la diputada opositora Delsa Solórzano, al presentar el proyecto.

Del lado del oficialismo, el diputado Elías Jaua calificó al proyecto de ley como de "amnesia criminal". "Desconocemos desde ya esta legislación. Exhortamos a los poderes públicos y a todas las autoridades civiles y militares a hacer lo propio", afirmó.

Por tener la oposición mayoría calificada se da por descontado que también se avalará en segundo debate en próximos días. Pero para aplicar esa ley se requiere la promulgación del presidente Nicolás Maduro, quien ya anunció que la vetará.

"A esta ley le espera un largo camino. La liberación de los presos pasa por resolver el conflicto institucional que vive el país", declaró a la AFP el constitucionalista José Ignacio Hernández.

El analista explicó que Maduro podría enviar el proyecto a revisión de la Sala Constitucional, el órgano más poderoso del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), al que la oposición acusa de servir al oficialismo.

La amnistía, que busca beneficiar a unos 75 disidentes presos, se aprueba justo dos años después de que fue detenido el opositor radical Leopoldo López, condenado en septiembre pasado a casi 14 años de prisión.  

El gobierno la rechaza al asegurar que beneficiará a "terroristas" y "asesinos", como considera a López, acusado de llamar a la violencia en las protestas de 2014 que exigían la salida del poder de Maduro, y que dejaron 43 muertes.