Salvador del Solar tras cierre del Congreso: "No me arrepiento"

El expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, aseguró que no se arrepiente de haber solicitado la cuestión de confianza sobre el procedimiento de elección de los miembros del Tribunal Constitucional, lo cual devino en la disolución del Congreso en 2019.

"Disolver el Congreso es una facultad presidencial. Mi tarea como primer ministro fue presentar una cuestión de confianza. No me arrepiento en absoluto de haber presentado la cuestión de confianza. Creo que hicimos un esfuerzo grande por evitar que un Parlamento nombrara a miembros del Tribunal Constitucional de manera acelerada y opaca", detalló.

En entrevista a Cuentas Claras de Canal N, el exjefe del gabinete ministerial durante el Gobierno de Martín Vizcarra, agregó la decisión que tomó fue ratificada por el TC.

"No me arrepiento en absoluto lo que hice. Creo que fue completamente constitucional. Entonces, cualquier modificación legal que haya habido en 2021 alteran las cosas por supuesto, pero de 2021 para adelante. No hay retroactividad de las normas, de la misma forma que no se puede modificar una cosa juzgada", remarcó al respecto.

Cabe indicar que el último 28 de octubre, la defensa legal de Salvador del Solar pidió a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la república archivar las denuncias en su contra por caducidad en el caso de la disolución del Parlamento ocurrida en el 2019.

"La defensa deja constancia de que a pesar de que las imputaciones son inconstitucionales (en tanto violan la cosa juzgada), Salvador del Solar ha cumplido, oportunamente, con presentar sus descargos por escrito, así como de haberlos sustentado oralmente el pasado 15 de octubre en la sesión convocada para tal efecto por la subcomisión", se indicó en un comunicado de la defensa legal del exjefe de gabinete.

Asimismo, en el escrito elaborado por Luciano López, abogado del extitular de la Presidencia del Consejo de Ministros, se mencionó el artículo 99° de la Constitución, el cual señala "muy clara y enfáticamente", que corresponde a la "Comisión Permanente acusar ante el Congreso [...] a los Ministros de Estado [...] por infracción de la Constitución y por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en éstas".