Odebrecht: Fiscalía acusa a 2 implicados en el caso del Gasoducto del Sur
En la denuncia aparece como cómplice primaria la ex representante legal de Odebrecht, Claudia Hokama Kuwae
La Fiscalía acusó al ex presidente del comité de Pro Inversión encargado de licitar el proyecto del Gasoducto Peruano del Sur, Edgar Ramírez Cadenillas, por los delitos de colusión agravada y negociación incompatible. El expediente de la denuncia fue entregado por la Segunda Fiscalía Anticorrupción al Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima.
#LoÚltimo: Fiscal Reinaldo Abia presentó acusación contra Edgar Ramírez de ProInversión y Claudia Hokama de empresa Odebrecht ½ pic.twitter.com/COByOeCSbL
— Ministerio Público (@FiscaliaPeru) 22 de agosto de 2017
Como se recuerda, Cuarto Poder reveló correos electrónicos intercambiados entre Edgar Ramírez, cuando era funcionario de ProInversión y Eduardo Rosendo Pinto, directivo de Odebrecht. Ramírez Cadenillas tenía una estrecha relación con la constructora brasileña desde que su empresa, Latin Energy, asesoró a Kuntur Transportadora de Gas, firma subsidiaria de Odebrecht, para la obra del gasoducto sur peruano.
Los correos electrónicos que mostró Cuarto Poder evidenciaron que el Edgar Ramírez buscaba concretar reuniones en Proinversión y en el Ministerio de Energía y Minas. Esto con el fin de tratar temas relacionados con el transporte del gas natural y la distribución de potenciales concesiones.
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Por otro lado, en la denuncia aparece como cómplice primaria la ex representante legal de Odebrecht, Claudia Hokama Kuwae, a quien se le acusa por el delito de colusión incompatible. Recordemos que la obra tuvo un valor que superó los US$7 mil millones.
Según el diario El Comercio, Edgar Ramírez habría concertado una reunión con Claudia Hokama, agente autorizado del Consorcio Gasoducto Sur Peruano (Odebrecht y Enagás). Esto con el objetivo de adjudicarle la buena pro del proyecto del gasoducto sur peruano.
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Para la Fiscalía, esto incluyó el “desarrollo de acciones previas y estratégicamente concertadas”, para descalificar “irregularmente al Consorcio Gasoducto Peruano del Sur (Sempra, GDF Suez, Techint y TGI)”, generando un perjuicio económico al Estado que superó los US$136 millones. Además, la denuncia concluyó que ambos “presentan cercanía y trato directo e indirecto, pues anteriormente participaron en el proyecto Gasoducto Andino del Sur”.
Luego de evaluar las evidencias, la Fiscalía concluyó pedir la comparecencia restringida para Edgar Ramírez y Claudia Hokama. El fiscal ha solicitado penas privativas de la libertad por 7 y 6 años, respectivamente.
