El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha emitido un comunicado en el que expresa su rechazo al proyecto de ley presentado por el congresista Waldemar Cerrón, que propone la creación de una comisión ordinaria del Congreso de la República para fiscalizar la labor de jueces y fiscales a nivel nacional.
En la misiva, mencionan que esta propuesta resulta incompatible con la Constitución Política del país y afecta el principio de separación de poderes, lo que es contrario al Estado constitucional de derecho y a la democracia.
El comunicado señala que establecer un control político sobre las resoluciones judiciales y fiscales contraviene la independencia y autonomía de los órganos del sistema de justicia, permitiendo la interferencia en las actuaciones jurisdiccionales.
Estas deben quedar excluidas de toda influencia y protegidas frente a cualquier presión indebida, indica el ministerio.
Existencia de mecanismos para fiscalizar a jueces y fiscales
A pesar de reconocer la preocupación legítima del Parlamento y de la ciudadanía ante las deficiencias en el sistema judicial y las irregularidades en que incurren algunos jueces y fiscales, el ministerio afirma que el actual diseño constitucional ya contempla mecanismos adecuados para abordar estas cuestiones.
La Contraloría General de la República, la Junta Nacional de Justicia y las autoridades nacionales de control tienen la competencia para fiscalizar y sancionar las irregularidades mediante mecanismos administrativos, disciplinarios o judiciales.
El Ministerio de Justicia hace un llamado a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial, a la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público y a la Junta Nacional de Justicia a escuchar el clamor ciudadano y la preocupación del Congreso, determinando con prontitud las responsabilidades funcionales correspondientes.
De esta manera, el ministerio se suma a la posición expresada por el presidente del Poder Judicial respecto a este controvertido proyecto de ley.
