Ministro de Justicia: hay 178 procesos de extradición pendientes que recargan el trabajo del Consejo de Ministros
José Tello sustentó ante el Congreso el proyecto de ley que propone que los procesos de extradición, en su etapa política, sean resueltos por los ministerios de Justicia y Relaciones Exteriores
Foto: Congreso
El Consejo de Ministros tiene en agenda 178 procesos de extradición por resolver, lo que recarga su agenda de trabajo y demanda tiempo que bien puede utilizarse en otros temas de interés nacional, afirmó este martes el ministro de Justicia, José Tello.
El titular del Minjus se presentó ante la Comisión de Constitución del Congreso para sustentar el proyecto de Ley 4316-2022-PE, que busca fortalecer la eficacia de la tramitación de las extradiciones y los traslados de personas condenadas ante el Poder Ejecutivo.
Justamente, el proyecto propone modificar la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y el Nuevo Código Procesal Penal, aprobado por el Decreto Legislativo 957, para que los procesos de extradición, en su etapa política, sean resueltos solo por dos ministerios: de Justicia y de Relaciones Exteriores, y ya no por el Consejo de Ministros.
Al respecto, el ministro señaló que los beneficios de este proyecto son abreviar la gestión de las extradiciones y traslados en su fase política, aliviar la agenda del Consejo de Ministros y acelerar los tiempos de atención de estos pedidos, disminuyendo la impunidad y costos.
“Lo que queremos es que las extradiciones a futuro sean mucho más rápidas, en el sentido, una vez que se cuenta con una resolución del Poder Judicial, pase solamente pase por dos ministerios, el Ministerio de Justicia, y el Ministerio de Relaciones Exteriores, de esa manera podríamos ganar tiempo y, sobre todo, emplear mejor los recursos. El hecho de que el Consejo de Ministros se aboque a ver este tema, un promedio de 10 por cada sesión de Consejo de ministros, demanda energías y eso podemos utilizarlo en otros temas de interés nacional”, dijo a la prensa.
Tello subrayó que la propuesta legislativa solo busca modificar el procedimiento en el plano político, que justamente concluye con la aprobación en el Consejo de Ministros, y no modifica para nada la etapa jurisdiccional, que corresponde al Poder Judicial.
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