Ministra Barrios: Acusación fiscal en mi contra carece de asidero legal

Rocío Barrios Alvarado, ministra de la Producción, señaló que la denuncia hecha por la fiscalía en su contra por peculado doloso “carece de asidero legal”, pues resaltó que cumplió con toda la normativa al momento de firmar contratos para el mantenimiento de 40 vehículos, cuando fue directora general de la Oficina de Asuntos Administrativos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) en el 2014.

“La acusación fiscal carece de asidero legal, toda vez que mi accionar al expedir la resolución fue emitida en estricto cumplimiento del marco legal vigente, en concordancia con el pronunciamiento del Tribunal de Contrataciones del Estado, no habiéndome apropiado de dinero o caudal alguno que me hubiere sido confiado, pues dichos pagos le fueron transferidos a las empresas a través del área de tesorería, ni mucho menos causé perjuicio alguno al Estado”, narra el comunicado de la ministra Barrios.

Señaló que asumió los pagos de los servicios de mantenimiento de dichos vehículos de la gestión anterior y que “respondió estrictamente” a lo dispuesto por el Tribunal de Contrataciones del Estado, referido a que en caso de no existir contrato, ni órdenes de servicio, “no puede ser soslayado para efectos civiles”.

“Cuando no era directora. Entro el 7 de noviembre, me designa Ana Jara, estos son servicios acumulados, de meses anteriores. Cuando entran al tema penal no incluyen a las personas que contrataron estas contingencias. Todos señalan que estos gastos se originaron en mi gestión, no mandé vehículos sin órdenes de servicios”, dijo la ministra en #2020N.

El fiscal anticorrupción Edwin Manrique Durand acusó a Rocío Barrios Alvarado por el delito de peculado doloso. La acusación fue presentada el 31 de enero, pero la investigación preparatoria inició en marzo del 2018.

Según el fiscal, Barrios y otras cinco personas habrían simulado contratos, entre julio y diciembre de 2014, por servicios de las empresas Casa Importadora Andrea SAC y Grupo Torres & Torres Luna SAC para el mantenimiento de 40 vehículos pertenecientes a la PCM.

“Vale precisar, que en la misma Resolución se dispuso se efectúe el deslinde de responsabilidades a fin de que se determine responsabilidad administrativa a que hubiere lugar de los funcionarios o servidores públicos que estuvieron involucrados en el no pago oportuno de las citadas deudas”, indicó la ministra en el comunicado.

Según el Ministerio Público, el costo por los contratos ascendió a S/177 279. No se registraron órdenes de servicios, ni figuran constancias de conformidad, además no hay evidencias de que el servicio finalmente se concretó.

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