Gerardo Sepúlveda: Ministerio Público busca interrogarlo en Chile

El Ministerio Público informó esta mañana que el Equipo Especial del caso Odebrecht, liderado por el fiscal Hamilton Castro, detectó 56 empresas off shore en diversos países y logró congelar 64 cuentas bancarias durante su primer año de creación. En el reporte del grupo de investigación se dio a conocer también que el empresario chileno Gerardo Sepúlveda "ha comunicado su disposición a declarar para la fiscalía peruana desde Chile".

En tal sentido indicaron que "se está preparando una nueva solicitud de asistencia que será cursada y gestionada por la Unidad de Cooperación Judicial Internacional y Extradiciones de la Fiscalía de la Nación", explicaron que sus declaraciones serán contrastadas con las que brindó el presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) el pasado 28 de diciembre.

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La Fiscalía sostiene que el presidente respondió entre 60 y 70 preguntas en el interrogatorio que se le realizó el pasado 28 de diciembre. Dicho grupo precisó que el mandatario respondió en calidad de testigo y que sus declaraciones serán contrastadas con las que brindará Sepúlveda. 

Castro y su equipo añadieron que durante el año de su creación se consiguió que se dicte un total de 17 prisiones preventivas y tiene en curso 17 procesos especiales de colaboración eficaz. Asimismo, se detectó más de 2 mil operaciones financieras vinculadas con actos de corrupción. 

Casos Toledo y García

El Equipo Especial explicó que el envío del cuadernillo de extradición del expresidente Alejandro Toledo al Poder Judicial tuvo que adecuarse a los estándares de la justicia de Estados Unidos. "Hemos logrado un cuadernillo que creemos es suficiente para extraditarlo", sostuvo el fiscal Castro, explicando que la justicia del país norteamericano exige que se demuestre todo el ciclo del acto ilícito que dio motivo al lavado de activos, lo que exigió un mayor tiempo de preparación de dicho cuadernillo.

Además, Castro dio a conocer que el expresidente Alan García Pérez está siendo investigado preliminarmente por el presunto delito de tráfico de influencias en la asignación del Tramo 1 del Tren Eléctrico de Lima.