La minería ilegal es la principal fuente de recursos ilícitos en Perú: Mueve $ 4 mil millones al año

Pablo de la Flor, gerente de Asuntos Corporativos de la Compañía Minera Poderosa S.A, explicó que el atentado ocurrido este último sábado en Pataz -que tuvo como trágico saldo la muerte de nueve vigilantes a manos de delincuentes-, se debe al crecimiento de la minería ilegal y la penetración de organizaciones criminales en esa zona, y que han desarrollado una relación de connivencia.

“Es un terrible matrimonio entre minería ilegal y criminalidad. Y eso tiene consecuencias terribles respecto a otros ilícitos, como la extorsión, sicariato, tráfico de armamento y explosivos, trata de personas, trabajo infantil. Hemos visto en este atentado algo que no veíamos desde la época del terrorismo”, dijo en Cuarto Poder.

De la Flor contó que los mineros ilegales, apoyados por esta banda criminal, ingresaron a la zona de operaciones y tomaron cuatro rehenes, los cuales luego fueron liberados. Y fue cuando el grupo de seguridad ingresó para retomar la zona, que los invasores detonaron en el socavón dos sacos de ANFO, explosivo a base de nitrato de amonio y combustible.

“Los mineros ilegales pretenden tomar zonas, en algunos casos, ocupan algunas de nuestras operaciones. Hemos venido denunciando ante las autoridades esta creciente injerencia de la minería ilegal, y lo que vemos ahora es el resultado de esta tendencia. Esta es minería criminal, es el mejor término que describe lo que está ocurriendo”, remarcó.

Además, el funcionario de Poderosa advirtió que el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo), concebido para facilitar la formalización, se ha convertido -por reiteradas ampliaciones- en un “manto de protección de la ilegalidad”, y que tiene apoyo desde el Congreso.

“Hay un nexo entre algunos congresistas y estos ilegales. Uno de los proyectos es el congresista Flores Ancachi. Es muy importante este dato, porque la minería ilegal se ha convertido en la primera fuente de recursos ilícitos en el Perú, superando ampliamente al narcotráfico. Estamos hablando de 4 mil millones de dólares al año para comprar voluntades, para penetrar el sistema político y para lograr la impunidad que los ampara en este momento”, subrayó.