Ley Electoral: Congreso flexibilizó fiscalización de la ONPE a partidos

Cada día es más claro, las declaraciones de Marcelo Odebrecht corroboran que  el caso Lava Jato contamina de corrupción a casi todos los partidos políticos representados en el Congreso o que lograron alcanzar la presidencia del Perú.

El año pasado, los legisladores del actual Congreso de la República tuvieron la gran oportunidad de introducir sanciones efectivas por financiamiento ilegal a partidos, el resultado fue una incoherencia deplorable.

En primer lugar, ahora la llamada Ley de Organizaciones políticas, ha flexibilizado la exigencia de reportes de contabilidad de los partidos a la ONPE. 

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Al respecto, Úrsula Letona, presidenta de la comisión de Constitución, cuya mayoría es de Fuerza Popular dijo lo siguiente:

“Seamos honestos, el elector no ve la contabilidad, los otros candados que hemos puesto van a impedir que esa contabilidad se vea afectada, ha funcionado en otros países lo que estamos haciendo es adecuarlos”, indicó.

En segundo lugar, se ha establecido la figura del administrador de campaña, si un candidato comete irregularidades o no informa sus gastos a la ONPE, el partido no tiene responsabilidad.

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Tampoco se ha modificado el régimen de sanciones, recibir dinero de fuente prohibida, si bien se considera una infracción grave, solo se castiga con una multa máxima de 240 soles o 60 UIT y tanto el partido como el candidato siguen con sus vidas. 

La sanción que no se aprobó, a pesar de la insistencia del Jurado Nacional de Elecciones y especialistas en el tema, fue la perdida de la inscripción del partido o la exclusión del candidato. 

Patricia Donayre sostuvo que cuando se propuso la reforma de la Ley Electoral, los partidos que se manifestaron en contra fueron el Apra y Fuerza Popular. “Se opusieron el Partido Aprista, se opuso Fuerza Popular, hizo una legislación a la medida de las circunstancias”, sostuvo. 

Tampoco se cambió el código penal en la sección de delitos electorales para poder establecer cárcel efectiva para quienes reciben aportes de fuentes prohibidas y no tener que procesarlos por lavado de activos, como ocurre ahora.

En conclusión, se ha avanzado en la reforma electoral, pero en cuanto a la financiación irregular de partidos no se han dado cambios significativos.