Keiko Fujimori: ¿cuál es la hipótesis fiscal en la que se basa su detención?

Keiko Fujimori, lideresa del partido Fuerza Popular, permanece detenida luego que el juez Richard Concepción Carhuancho dictara prisión preliminar en su contra el último martes y fuera detenida cuando se presentó  a una citación de la Fiscalía al día siguiente. Desde entonces, mucho se ha dicho sobre las razones que motivaron al fiscal José Domingo Pérez a pedir la detención de la dos veces candidata presidencial del fujimorismo.

La resolución judicial que autoriza la detención preliminar de Keiko Fujimori contiene en sus 184 páginas todos los detalles de la investigación que llevaron al fiscal del caso a solicitar la captura inmediata de la lideresa de Fuerza Popular. Aquí explicaremos punto por punto los motivos de esta detención.

Se trata de la investigación que recoge el caso ‘fujicocteles’ pero cuya vasta información cruza con otros dos casos muy actuales: los casos Odebrecht y ‘Los cuellos blancos del puerto’.

Los ‘fujicocteles’ se basa en los eventos sociales organizados por Fuerza 2011, ahora Fuerza Popular, durante los últimos meses del 2010 y los primeros del 2011, con la finalidad de recaudar fondos para la campaña electoral en la que Keiko Fujimori se lanzaba por primera vez a la presidencia de la República. Gracias a una rifa y dos cocteles, Fuerza 2011 declaró ante la ONPE que logró recaudar más de 2 millones de soles. Sin embargo, tras la revisión de la documentación entregada, “no fue posible identificar a las personas que compraron las tarjetas por falta de un registro individualizado”.

El origen de ese dinero era un misterio, pero cuando Marcelo Odebrecht declaró en noviembre del 2007 que la anotación en su agenda que señalaba ‘aumentar 500 a Keiko’ se refería a entregarle 500 mil dólares más a Fuerza 2011, se encendieron todas las alarmas de la Fiscalía. Odebrecht agregó que para conocer el detalle de esas entregas de dinero había que preguntarle a Jorge Barata, el superintendente de la empresa en el Perú. 

Y el último verano los fiscales Rafael Vera y José Domingo Pérez viajaron  a Brasil para interrogar a Barata, quien corroboró que entregó un millón de dólares, en dos armadas de 500 mil dólares cada una, de forma directa al entonces secretario general del partido Jaime Yoshiyama y al secretario de economía Augusto Bedoya Camere. Y que se trataba de dinero de la famosa caja 2 del departamento de Operaciones Estructuradas, que era el nombre de la oficina que manejaba la plata de los sobornos. 

Keiko Fujimori negó que ni Fuerza Popular ni ella recibieron este dinero. Fuerza Popular, efectivamente no, pero, según la Fiscalía, sí la misma agrupación Fujimorista que en aquellas elecciones se llamó Fuerza 2011.

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El mismo Jorge Barata explicó que hizo todas las coordinaciones con Jaime Yoshiyama. También dio fechas aproximadas y lugares de entrega. Y cuando el fiscal José Domingo Pérez  allanó la casa de Yoshiyama, encontró una tarjeta de presentación con el número personal de Jorge Barata. Pero el detalle más importante que recoge está  investigación es que cuando levantaron el secreto de las comunicaciones a Yoshiyama, el reporte de llamadas confirmó que llamó a Barata en junio y diciembre del 2010, un dato que para la fiscalía confirma que ambos coordinaban las entregas de dinero. 

Además, Barata reveló que entregó 200 mil dólares adicionales a la campaña de Keiko Fujimori a través de la CONFIEP, un aporte que sí está documentado. En total, según las declaraciones del propio Barata, Odebrecht habría financiado con 1 millón 200 mil dólares la campaña electoral de Keiko Fujimori en el 2011. Para sospechar, sólo había que sumar uno más uno: aportes de campaña no sustentados y presuntas entregas de dinero de Odebrecht no declaradas.

“No se ha identificado a las personas que participaron en los cocteles, así como a las personas que adquirieron los boletos de la rifa… (lo cual) permite inferir o sospechar que estas actividades en realidad no habrían podido recaudar tan importante suma de dinero, siendo posible que los primeros 500 mil dólares que habrían sido entregados el año 2010 por Jorge Henrique Simoes Barata de Odebrecht a favor de Fuerza 2011, habrían sido ingresados o filtrados bajo el concepto de estas actividades proselitistas”, refiere la tesis de la Fiscalía.

Según la Fiscalía, el partido introdujo el dinero de Odebrecht como si fueran aportes de simpatizantes y militantes de Fuerza 2011. Y para lograrlo se habría valido de todo un sistema muy bien organizado, que incluía, por ejemplo, el uso de aportantes fantasma. En diciembre del año pasado, este programa presentó los testimonios de dos supuestos aportantes de Fuerza 2011 que negaban haber colaborado con la campaña de Keiko Fujimori. Y es más, vincularon al congresista cuya esposa está hoy buscada por la justicia.

El ciudadano Segundo Crisanto Pulache afirmó que tras la derrota de Keiko en el 2011, el congresista fujimorista Rolando Reátegui lo buscó en Rioja para pedirle que lo ayudase a justificar unos gastos de campaña. “Me dijo que me ponga como aportante”, refirió Crisanto.

Crisanto figura con un aporte de casi 14 mil soles en los documentos que el partido entregó a la ONPE. En noviembre del año pasado, la fiscalía de lavado de activos lo citó para que diera su declaración sobre sus aportes, pues se habían encontrado inconsistencias y contradicciones en la capacidad económica de los supuestos aportantes.

En total, eran 5 personas las que aparecían con aportes idénticos: 13 845 soles, todos hechos el mismo día: el 18 de marzo 2011. Otro de los que aparece en la lista de aportes idénticos es Jorge Becerra, un mototaxista que en el 2011 trabajaba como vigilante de una agencia bancaria. “Nunca he dado ni un sol yo, no he aportado nada, no he dado ni me han dado”, indicó.

En total, dieciocho personas que aparecen como aportantes de la campaña del 2011 de Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, han negado sus supuestos aportes, que suman un total de 632 mil 985 nuevos soles, casi un cuarto de millón de dólares al tipo de cambio de la época. 

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Pero no sólo se habrían utilizado aportantes fantasmas para introducir a la campaña el dinero de la caja 2 de Odebrecht, sino también lo que se conoce como “pitufeo”, es decir, fraccionar el dinero en muchos montos pequeños para que al ser depositados no se activen las alarmas de la Unidad de Inteligencia Financiera. Diecisiete personas inyectaron a las cuentas del partido nada menos que 1 millón 162 mil soles en depósitos fraccionados de dinero cuyo origen no pudieron demostrar.

“Estas 17 personas que han realizado aportes fraccionados, de forma general se aprecia que estos montos aportados no han podido ser sustentados documentalmente, por lo que existe la sospecha que no se han depositado estos dineros por las personas que aparecen como aportantes, sino que son dineros de desconocida procedencia”, refiere la hipótesis de la Fiscalía.

Uno de los casos más significativos es, sin duda el de Daniel Mellado Correa, quien realizó 86 depósitos en diferentes agencias a nombre de terceros por un monto total de 458 mil dólares. Mellado Correa era empleado de la empresa Italia Import Export de propiedad de los esposos Patrizia Coppero Del Valle y Giancarlo Bertini Vivanco, ambos aportantes de Fuerza 2011. Para la Fiscalía, Daniel Mellado Correa habría hecho los 86 depósitos por orden de sus empleadores, quienes pese a las citaciones no se han presentado a declarar.

Entonces, tenemos 17 personas que realizaron aportes fraccionados, 18 personas que han negado sus supuestos aportes y 13 supuestos aportantes que no han podido sustentar sus aportes. 48 personas y un monto total de más de 2 millones de soles.

Entre los supuestos aportantes que no han podido sustentar el origen de sus depósitos en la región San Martín figuran 5 familiares y allegados del congresista fujimorista Rolando Reátegui, además del hermano, la cuñada y el sobrino del ex alcalde fujimorista de Nueva Cajamarca, Nolberto Rimarachín Díaz. Cada uno con 13 845 soles de aporte.

La hipótesis de la Fiscalía sostiene que “se habría constituido una organización criminal en el interior del partido político Fuerza 2011 (hoy Fuerza Popular) que tenía entre sus fines obtener el poder político, recibiendo para ello aportes ilícitos provenientes de actos de corrupción del grupo empresarial brasileño Odebrecht en el Perú y diversas localidades del mundo, para que luego estando en el poder se retribuyera estos aportes ilícitos mediante el otorgamiento de obras sobrevaluadas, beneficios normativos y/o favorecimiento judicial, continuando así como un mecanismo de corrupción empresarial y estatal”.

En este punto es necesario hacer una aclaración. Desde que Fuerza Popular es investigado bajo la ley de crimen organizado, los fujimoristas insisten en que su partido político no puede ser considerado una organización criminal.

Sin embargo, en ninguna parte de la argumentación fiscal se hace esa afirmación. Lo que se dice es que se constituyó una organización criminal al interior del partido y no que el partido en sí mismo, incluyendo a sus militantes y representantes en el Congreso, sean parte de la misma. Según el organigrama de la organización criminal que, según la fiscalía, operaba al interior de Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, la líder que ordena y dispone sería Keiko Fujimori, quien para la Fiscalía no sólo estaba al tanto de todo el sistema de blanqueo, sino que este se ejecutó bajo sus órdenes.  

Los encargados de solicitar y recibir el dinero ilícito de la empresa Odebrecht serían Jaime Yoshiyama y el exministro fujimorista Augusto Bedoya. La responsable de administrar el dinero ilícito, Adriana Tarazona de Cortes, tesorera alterna de Fuerza 2011 en la campaña del 2010 y 2011. Quienes habrían entregado dinero a los transportistas encargados de los depósitos serían Giancarlo Bertini Vivanco y PatriZia Coppero Del  Valle. 

Los responsables de trasladar el dinero y depositarlo en el banco bajo la modalidad del ‘pitufeo’ serían Daniel Mellado Correa y Ángela Bautista Zeremelco. Los encargados de prestar sus nombres para realizar los depósitos serían 7 personas, entre quienes destaca Ytalo Pachas Quiñones, a quien el aportante fantasma de Rioja señala como una de las personas que intentó convencerlo de mentir en su declaración ante la Fiscalía. Y los encargados de obstruir la investigación y ocultar los activos ilícitos serían el sobrino de Jaime Yoshiyama, Jorge Yoshiyama Sasaki, Luis Alberto Mejía Lecca y Aurora de Jesús Torrejón.

Un tema que ha estado en discusión durante los últimos días es la pertinencia de la medida de arresto preliminar para las 20 personas señaladas como integrantes de la organización, y muy especialmente en el caso de Keiko Fujimori. La resolución señala que “se evidencia grave peligro de fuga de parte de Keiko Sofía Fujimori Higuchi porque ha constituido una organización criminal en el interior del partido político Fuerza 2011, hoy Fuerza Popular, que tenía entre sus fines obtener poder político y, por consecuencia, tiene un nivel de influencia e interferencia en el Poder Legislativo y Poder Judicial”.

Para justificar el peligro de fuga, la resolución señala que Keiko no tendría un arraigo de calidad, pues reside en una vivienda alquilada y no tiene trabajo conocido. Además, añade que existe serio riesgo de que, en caso de viajar al exterior, no retorne al país pues cuenta con parientes y amistades en Estados Unidos y en Japón. Los fujimoristas y su abogada dicen en su defensa que no existe peligro de fuga pues Keiko tiene arraigo familiar en el Perú y además siempre asiste a las citaciones.

Sin embargo, esto no es cierto. Keiko Fujimori no acudió a una citación de la fiscalía el 7 de diciembre del 2017 y en más de una oportunidad pidió que se reprogramen sus citaciones, según la Fiscalía, sin acreditar con documentos los motivos de su inasistencia. Por otro lado, el documento advierte del riesgo de obstrucción a las investigaciones y cita el episodio de los allanamientos a los locales de Fuerza Popular en diciembre del 2017, cuando un grupo de parlamentarios de su bancada intentó poner trabas al trabajo del fiscal José Domingo Pérez y su equipo.

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Por otro lado, como sustento de su influencia e interferencia en el Poder Judicial, cita la relación entre el ex juez supremo César Hinostroza Pariachi y el partido Fuerza Popular. Y menciona específicamente la declaración de un colaborador eficaz que afirmó que Hinostroza se reunió con Héctor Becerril en la casa de Antonio Camayo en mayo de este año para pactar una reunión entre Hinostroza y Keiko, y que el primero le confirmó que se había reunido con la lideresa de Fuerza Popular en la casa de ésta última para tratar políticas de Estado. El fiscal José Domingo Pérez recoge así para el caso ‘fujicocteles’, elementos de otros dos casos: por un lado, Odebrecht y por el otro, ‘Los cuellos blancos del puerto’.

En el caso de Jaime Yoshiyama, quien se encuentra fuera del país por razones médicas desde poco antes del día de las detenciones, uno de los argumentos de Pérez Gómez para pedir su detención es el allanamiento a su domicilio el 7 de marzo de este año, pues los efectivos tuvieron que  ingresar a la fuerza, encontraron documentos escondidos hasta en el baño, hubo cajones previamente vaciados y se intentó sacar el CPU de una computadora en la maletera de un vehículo. Para la Fiscalía, claras muestras de su intención de obstruir las investigaciones.

Humberto Abanto, abogado de Jaime Yoshiyama, indicó que su patrocinado ha concurrido a todas las citaciones.

El viernes, sucedieron dos hechos judiciales estrechamente relacionados a este caso. Por un lado, la Sala Penal de la Corte Suprema rechazó los recursos de casación presentados por Fuerza Popular, Keiko Fujimori y su esposo Mark Vito para que el Poder Judicial dé por terminada la investigación contra ellos en los casos ‘fujicocteles’, los aportes recibidos de la ONG "LVF Liberty Institute" de Estados Unidos, y la compra de dos inmuebles. 

Y por el otro, el Poder Judicial admitió el recurso de apelación presentado por la defensa de Keiko Fujimori y otros cinco implicados, entre quienes destacan Jaime Yoshiyama y Augusto Bedoya. Ahora la Sala Penal Nacional deberá revisar estas detenciones preliminares solicitadas por el fiscal José Domingo Pérez y el juez Richard Concepción Carhuancho. 

Lo habitual en estos casos es que luego del pedido de detención preliminar, el fiscal solicite la prisión preventiva de los presuntos implicados en el delito y que el juez que ya aprobó la preliminar, también apruebe la preventiva, que en el caso de delitos de alta complejidad como el lavado de activos puede prolongarse hasta 36 largos meses. 

Es muy probable que esta semana, José Domingo Pérez haga este pedido a la sala del juez Concepción Carhuancho, quien finalmente decidirá si hay elementos suficientes para enviar a prisión a algunas de las 20 personas que, según la Fiscalía, integran esta presunta organización criminal.  Definitivamente, esta semana será decisiva tanto para la investigación del caso ‘fujicocteles’ como para el futuro cercano de Keiko Fujimori.

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