Graña y Montero informó de pago de coima de S/ 12 millones por obra en Ayacucho
Esto como parte del proceso de colaboración eficaz en la investigación que se le sigue por el caso Club de la Construcción
En el marco del caso del Club de la Construcción. Foto: América TV
La empresa Graña y Montero ha entregado esta semana información clave al Ministerio Público como parte del proceso de colaboración eficaz al que se ha sometido en la investigación sobre el caso Club de la Construcción.
En el año 2016, el expresidente Ollanta Humala visitó la región Ayacucho junto a algunos ministros y anunció la entrega de parte del segundo tramo de la carretera Quinua-San Francisco.
Esta obra buscaba interconectar la zona noreste de la región, entre Huamanga y La Mar. A cargo de la construcción estuvo el Consorcio Vial Quinua, que conformaban Graña y Montero, ICCGSA y EIVISAC.
Los trabajos fueron de abril de 2012 a noviembre de 2016. El presupuesto inicial de 476 millones aumentó hasta los 650 millones de soles.
Según trascendió, Graña y Montero informó a la Fiscalía que el consorcio pagó 12 millones de soles en sobornos para hacerse de la obra dentro del esquema conocido.
Las auditorias de Graña y Montero
Luego de que Jorge Barata anunciara que los socios de Odebrecht conocían de los sobornos que pagaba la empresa para adjudicarse proyectos, Graña y Montero eligió nuevo directorio presidido por Augusto Baertl, expresidente del directorio de Petroperú.
En 2018, cuando se iniciaron las investigaciones de la Fiscalía al Club de la Construcción, Graña y Monterio decidió cooperar y encargó una auditoría al estudio Hernández y a la empresa Ernst & Young para detectar irregularidades.
La auditoría ha encontrado una factura de 12 millones y medio de soles emitida por ICCGSA y girada al Consorcio Vial Quinua en junio de 2012.
La empresa reclamaba el reembolso del dinero al consorcio argumentando la prestación de un servicio que la auditoría determinó, era ficticio. Nunca se dio.
Con el hallazgo, los auditores interrogaron a ex altos funcionarios de la compañía y determinaron que el pago de los más de 12 millones era ilegal.
Graña entregó todas las conclusiones de la auditoría al fiscal Germán Juárez Atoche en diciembre de 2018. La colaboración se hace a título corporativo y no alcanza a los exmiembros del directorio.
El destino de los 12 millones
La información que ha brindado la empresa no especifica a dónde fueron a dar los 12 millones de soles que se pagaron por la obra. Pero hay hallazgos entregados por G&M a las autoridades que se inscriben en las acciones del Club de la Construcción durante el Gobierno humalista.
El mecanismo era pagar sobornos para obtener y repartirse proyectos de Provías Nacional con el apoyo del Ministerio de Transportes.
En 2018 fue detenido Carlos García Alcázar, asesor del Ministerio de Transportes durante el humalismo. Según los colaboradores eficaces, él fue colocado en el cargo para que haga viables las obras a favor de las constructorias después de que llegaran a un acuerdo con José Paredes Rodríguez, hermano del entonces ministro Carlos Paredes.
Se acordó que por proyecto ganado se pagaría un soborno ascendente al 3% del valor de la obra. Según la Fiscalía, las constructoras habrían entregado al hermano del entonces ministro unos 17 millones de dólares con el objetivo de obtener proyectos del sector.
Otras empresas también buscarían acogerse a la colaboración eficaz y que darían más luces sobre cómo operaban las empresas para hacerse con estas millonarias obras a costa del Estado.
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