Fiscal supremo Tomás Gálvez presentó documentos con firmas adulteradas

La designación del fiscal supremo Tomás Gálvez como titular de la Segunda Fiscalía Suprema Penal en manos del fiscal de la Nación Pedro Chávarry, ha despertado las alarmas por su cercanía a un personaje: José Luis Castillo Alva.

Hace tres años, el abogado José Luis Castillo Alva defendió a Tomás Gálvez en un caso que tuvo que ver con fondos del Ministerio Público, extrañas boletas de pago y curiosos testigos.

Por entonces Gálvez era un fiscal supremo adjunto, todavía no fiscal supremo titular. Y su caso fue investigado por el hoy fiscal de la Nación Gonzalo Chávarry, que entonces era el poderoso jefe de Control Interno de la Fiscalía.

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Luego de algunos meses de investigación, la defensa del abogado Castillo Alva se embolsicó el triunfo: el jefe de Control Interno, Gonzalo Chávarry, desestimó la denuncia en su contra por presentar supuestas boletas falsas en rendiciones de cuentas, y por presuntamente apropiarse de fondos de la Fiscalía, y archivó el asunto.

Algunos detalles del caso trascendieron dos años atrás, pero otros no. Y la de los audios es una coyuntura propicia para rescatar los elementos que tuvo, o que debió tener, el fiscal que investigó y archivó el caso: Gonzalo Chávarry.

DENUNCIA CONTRA GÁLVEZ

En el 2013, el otrora fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, le dio a Gálvez Villegas la responsabilidad de dirigir el Centro de Asuntos Interculturales del Ministerio Público (CAIMP), oficina creada para capacitar en asuntos de justicia a las rondas campesinas y comunidades indígenas a nivel nacional, que dependía presupuestalmente de la Escuela del Ministerio Público.

En el 2015, el siguiente fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, nombró gerente general de la Escuela de la Fiscalía al abogado Martín Pérez Arroyo. Pronto, Pérez Arroyo y Tomás Gálvez, el director del CAIMP, empezaron a tener una relación conflictiva, con acusaciones mutuas de corrupción, y poco tiempo después, una trabajadora del CAIMP hizo una grave denuncia.

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Gínger Salguero Alcalá, asistente administrativa del centro que dirigía Gálvez, denunció la existencia de un grupo de boletas presuntamente fabricadas para justificar los gastos de algunas jornadas de capacitación a rondas campesinas de Cajamarca. En paralelo, se encontró un sobre con sellos de dirigentes ronderos para, aparentemente, elaborar, desde Lima, documentos que debían hacerse en Cajamarca.

Salguero denunció a Gálvez, por presunto delito contra la fe pública, falsificación de documentos y falsedad genérica. Primero ante el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, y después, ante Control Interno, a cargo de Gonzalo Chávarry.

Como director del Centro de Asuntos Interculturales de la Fiscalía, Tomás Gálvez había organizado medio centenar de jornadas de capacitación, principalmente en Cajamarca y San Martín, y para ello solicitaba fondos por rendir a la Fiscalía, para cubrir la alimentación y el traslado de los ronderos participantes. 

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Salguero no presentó documentos de todas las jornadas de capacitación, sólo de cinco actividades realizadas en Cajamarca. En su denuncia, sostuvo que Gálvez había inflado el número de ronderos asistentes a esas cinco jornadas para apropiarse presuntamente de 23,469 soles.

Salguero presentó las mismas boletas de consumo de alimentos que Gálvez había remitido a la Gerencia de la Fiscalía en sus oficios de rendición de cuentas, y adjuntó fotografías y videos de algunos eventos, en los que no se advierte gran asistencia.

ADULTERACIÓN DE DECLARACIONES JURADAS

Durante la investigación que realizó Gonzalo Chávarry sucedió un hecho interesante. Para que no hubiera duda de la veracidad de las boletas presentadas, Gálvez presentó declaraciones juradas de los proveedores de almuerzos en Cajamarca, que acreditaban haber efectivamente preparado menús para la cantidad señalada de ronderos. Los casos más llamativos fueron, precisamente, los de los propietarios de los restaurantes Doña Elena y La Base.

El dueño del Doña Elena, Juan Marino Castillo Abanto, suscribió dos declaraciones juradas. En la primera, firmó como “Juan Abanto”, y en la segunda, como “Juan Marino”. Ambas firmas se ven distintas entre sí, pero también en comparación con la del DNI del cajamarquino.

Por su parte, la dueña de la cevichería La Base, Lucy Karina Chuquihuanga Jabo, presentó esta declaración. Pero, hay un detalle: en la firma figura un apellido incorrecto, Chuquimango, no el correcto, Chuquihuanga. Y, de nuevo, observe la firma de la declaración jurada al lado de la firma del DNI. Esto fue lo que dijo la señora Chuquihuanga, no Chuquimango, a Cuarto Poder.

El caso de las declaraciones juradas también se archivó, y la decisión de Gonzalo Chávarry, sustentada en informes contables de la propia Fiscalía, fue ratificada por la Junta de Fiscales Supremos, durante el período de Pablo Sánchez como fiscal de la Nación. Y quedó en el olvido.

Hace tres semanas, tras el estallido del escándalo de los audios, el abogado de la denunciante, Henry León Poma, desempolvó sus papeles y se fue a buscar un perito judicial para que analice las firmas de las declaraciones juradas de Lucy Chuquimango Jabo y de Juan Marino Abanto Díaz. La semana que pasó, el abogado recibió los resultados. El perito grafotécnico judicial Alberto Castro Alata, concluyó que ninguna de las dos firmas “corresponden al puño gráfico de su titular”. Pero, claro, es algo simbólico, el caso ya está cerrado.

Los protagonistas de este caso cerrado son hoy dos de los más altos fiscales que hacen noticia por el escándalo de los CNM Audios, o caso Lava Juez. Hace dos años, Chávarry archivaba esta denuncia contra Gálvez; hoy, Gálvez y otros fiscales supremos sostienen la permanencia de Chávarry. Eso dicen los hechos.