Extorsión contra transportistas: una ruta sin retorno

En las rutas del transporte público ya no solo se conduce con precaución, también con miedo. La extorsión se ha convertido en una condena diaria para cientos de choferes en Lima y el Callao. El crimen organizado marca territorio con armas, amenazas y asesinatos a plena luz del día. Lo que antes era una ruta de trabajo, hoy es una línea directa al peligro.

Daniel Guillermo Suárez, de 25 años, conocido en el Callao como “El Rayo”, fue una de las víctimas más recientes de esta escalada de violencia. Padre de familia y conductor de transporte público, fue asesinado sin previo aviso mientras trabajaba por la avenida Venezuela, una de las más ambicionadas por bandas que exigen cupos a diario. Su muerte se suma a la larga lista de choferes baleados por no “colaborar”.

La Policía investiga la presencia de una red criminal identificada como “DESA”, siglas de Delincuentes Extorsionadores Sicarios Antitren. Este grupo tendría sus orígenes en San Martín de Porres y estaría detrás de las amenazas en rutas claves como la avenida Venezuela y la avenida Argentina. En lo que va del año, ya han sido detenidos 15 integrantes, entre peruanos y extranjeros, pero la violencia continúa.

La reacción no se hizo esperar. Cientos de choferes paralizaron sus actividades y se concentraron frente a la Municipalidad del Callao. Con mensajes de paz pintados en sus unidades, exigieron medidas reales ante la ola criminal. Muchos ya no creen en la justicia. Los mensajes de advertencia, las cartas anónimas y los disparos se han convertido en parte de su rutina.

Liliana, pareja del fallecido conductor Loymer Benigno Poma, también se sumó al reclamo. Hace nueve días, su esposo fue asesinado por un falso pasajero cuando conducía su unidad en Los Olivos. Él trabajó 16 años en la empresa ETUCHISA y murió frente a pasajeros que presenciaron el ataque.

Las manifestaciones se extendieron hasta el Congreso, donde los gremios transportistas pidieron que se escuchen sus demandas. Algunos negocios cerraron sus puertas ante el temor de enfrentamientos. La frustración llegó al límite: prendieron fuego frente a la sede parlamentaria como señal de protesta ante la inacción de las autoridades.

El crimen ya no distingue horario ni ubicación. En combis, buses o mototaxis, el transporte público se ha convertido en objetivo de bandas que siembran el terror para lucrar. Las familias viven en incertidumbre, los conductores callan por miedo, y los pasajeros son testigos silenciosos de una violencia que parece no tener fin.