El congresista Eduardo Salhuana, de Alianza para el Progreso, enfrenta serios cuestionamientos tras revelarse que ha recibido 65 visitas de mineros ilegales desde enero del año pasado.
Según un informe del diario El Comercio, las reuniones de Salhuana incluyeron a representantes de organizaciones suspendidas en el Registro Nacional de Formalización Minera (REINFO).
Candidato a la presidencia del Congreso
A pesar de estas controversias, Salhuana aspira a presidir el Congreso para el periodo 2024-2025. Tres de las doce normas de su autoría que han sido aprobadas están relacionadas con la minería informal y han sido ampliamente criticadas por especialistas.
Una de estas normas retira a la policía la facultad de actuar contra la tenencia ilegal de explosivos por parte de personas con inscripción suspendida en el REINFO.
Otra permite que solo se presente la constancia de inscripción en el REINFO para ser proveedor minero, mientras que la tercera extiende el proceso de formalización minera.
Los cuestionamientos sobre estas leyes y las reuniones con mineros ilegales han puesto en tela de juicio la idoneidad de Salhuana para presidir el Congreso.
