APESEG pide a empleadores asegurar a sus trabajadores e insta al sector público a hacerlo también

Han pasado más de 20 meses desde que miles de peruanos tuvieron que dejar sus centros de trabajo para laborar de forma remota debido a la pandemia generada por el COVID-19. Hoy, el panorama es distinto debido a que más personas están vacunadas contra este virus, lo cual ha generado que el gobierno, a través del Decreto Supremo 168-2021-PCM, establezca que desde el 10 de diciembre las empresas con más de 10 trabajadores puedan operar de manera presencial, solo si todos sus trabajadores acreditan su dosis completa de vacunación contra el COVID-19.

El gobierno ha establecido que los ambientes de trabajo deben estar ventilados; tener un listado del personal que asistirá a realizar trabajo presencial; evitar el saludo mediante abrazos, besos o apretones de mano; el uso de doble mascarilla, entre otras medidas preventivas.

En este contexto, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros recuerda a los empleadores la importancia de brindar a sus trabajadores la protección del Seguro Vida Ley. Como se recuerda, meses antes del inicio de la pandemia, el gobierno estableció que es obligatorio contratar el Seguro de Vida Ley desde el primer día de labores del trabajador, cuyos beneficios constituyen un alivio económico temporal a los familiares de un trabajador ante su fallecimiento por muerte natural, accidental o invalidez permanente total, sin importar la actividad económica que realice la compañía o si el accidente o enfermedad que llevó al fallecimiento del trabajador sucede durante su jornada laboral, ya que otorga protección las 24 horas del día.

Este seguro obligatorio beneficia a todos los trabajadores del sector privado que se encuentren en planilla, independientemente de su régimen laboral, así como a los trabajadores de entidades y empresas del sector público que estén sujetos al régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Fomento del Empleo.

Eduardo Morón, presidente de APESEG, señala que “desde el inicio de la pandemia hasta junio de este año, el Seguro Vida Ley ha brindado un alivio económico a miles que perdieron a un familiar, el monto de las indemnizaciones durante ese periodo bordea los S/340 millones, de los cuales el 50% corresponde a fallecimientos por COVID-19”.

Asimismo, Morón hizo un llamado a extender este seguro a todos los servidores públicos y no solo a los que se encuentran bajo el régimen laboral del Decreto Legislativo Nº 728, Ley de Fomento del Empleo. “Hoy más que nunca resulta conveniente ampliar este beneficio social a todos los trabajadores del Estado, pues aún hay un segmento que no está incluido como son los maestros de escuelas públicas, por ejemplo, ya que está comprobado el respaldo financiero que brinda a las familias durante momentos difíciles”.