Hoy:

    Abad: La pauta de cómo investigar no la define el Congreso sino el fiscal

    El abogado del fiscal de la Nación resaltó que acusaciones constitucionales en su contra no tienen sustento

    Samuel Abad. Foto: archivo Andina

    Samuel Abad, abogado del fiscal de la Nación Pablo Sánchez, resaltó que las dos denuncias constitucionales presentadas en contra de su patrocinado “no tienen ningún sustento jurídico”.

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    Ante ello, el letrado esperó que la Comisión Permanente del Congreso desestime ambas acusaciones, pero como no fue así, indicó que ahora se concentrarán en los alegatos que presentarán ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

    “Uno mira jurídicamente (las dos acusaciones constitucionales) y no tienen ningún sustento constitucional y lo que pensábamos era que se iba a archivar (en la Comisión Permanente), pero no ocurrió. Incidiremos con mayores detalles en los argumentos de los descargos”, dijo el abogado constitucionalista en #2017N.

    El letrado resaltó que el fiscal Pablo Sánchez no violó ninguna norma. Indicó que tanto su patrocinado, como el Ministerio Público son autónomos y definen cómo se hará una investigación, no el Congreso.

    “La pauta de cómo se debe investigar, no la fija el Congreso, ni los legisladores denunciantes, la línea de investigación la lleva a cabo el fiscal. Además hay partes de una investigación que es reservada (caso Odebrecht), adicionalmente la investigación está en curso, no culminado”, dijo. 

    Pablo Sánchez fue denunciado constitucionalmente por los legisladores Yeni Vilcatoma y Daniel por supuestamente no cumplir con su labor como fiscal de la Nación, designar a fiscales que no corresponden para el caso Lava Jato y no investigar a ciertas empresas.

    "Hoy se ha perdido la oportunidad de declarar improcedente una denuncia que no tiene sustento. En el fondo lo que se busca es decirle al fiscal cómo debería actuar y eso no constituye una infracción a la Constitución", refirió Samuel Abad.

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    La Comisión Permanente aprobó hoy otorgar un plazo de 15 días para que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales investigue las acusaciones presentadas por los parlamentarios Daniel Salaverry y Yeni Vilcatoma, atribuyéndole infracciones en el cumplimiento de sus funciones.