Congreso de la República aprobó acusación constitucional contra Luciana León
El pleno del Congreso aprobó acusación constitucional contra la exlegisladora aprista por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho pasivo impropio y peculado doloso por apropiación
Con 73 votos a favor, 03 en contra y 03 abstenciones.
El pleno del Congreso de la República aprobó acusación constitucional contra la exlegisladora aprista Luciana León (2016-2020) por el presunto delito de tráfico de influencias.
Con 73 votos a favor, 03 en contra y 03 abstenciones, el Parlamento aprobó declarar haber a lugar a la formación de causa penal contra la exlegisladora.
Asimismo, el pleno del Congreso aprobó con 74 votos a favor la conclusion del informe final de la denuncia constitucional contra la excongresista por el presunto delito de cohecho pasivo impropio.
Los congresistas también aprobaron acusar por el delito de peculado por apropiación a Luciana León con 75 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones.
Este caso llega al pleno del Parlamento más de un año después de que la entonces fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, presentara la denuncia constitucional y cinco años después de conocerse los hechos.
Cabe resaltar que la denunciada, Luciana León, llegó al Congreso de la República y participa de la sesión.
Durante su alocución, la exparlamentaria dijo que la denuncia constitucional en su contra “corresponde a una venganza política".
A su vez, remarcó que es falso que haya pedido o le hayan entregado algún tipo de dádiva. "Se debe hacer la verificación que confirmen la verosimilitud. Eso no se ha hecho".
El caso Los Intocables Ediles
En el año 2020 se revelaron una serie de chats en los que se determinó que la excongresista aprista Luciana León gestionaba reuniones con diferentes ministros del Ejecutivo a fin de apoyar a su hermano Rómulo León Romero, quien a su vez estaba implicado con el financista de la banda criminal Los Intocables Ediles, de La Victoria.
La exparlamentaria León habría hecho uso de su influencia a fin de cuadrar encuentros entre los ministros de Salud, Energía y Minas, y Vivienda con su hermano. En esta ocasión, la SAC no ha planteado una inhabilitación para el ejercicio de la función pública, como sí se estila en otros casos.
