García Toma descarta causal de vacancia contra Dina Boluarte

Víctor García Toma, constitucionalista, abordó la investigación sobre la presidenta de la República, Dina Boluarte, y su presunta omisión de funciones tras someterse a una cirugía. 

En diálogo con Canal N, el expresidente del TC dijo que la clave está en determinar si hubo un vacío de poder durante su recuperación postoperatoria, y si la presidenta cumplió con sus responsabilidades de manera adecuada durante este tiempo. 

Para García Toma, desde un punto de vista legal, la discusión sobre si la intervención quirúrgica puede considerarse un delito de "abandono del cargo" o "omisión de funciones" radica en si se puede probar que la presidenta no estuvo en capacidad de cumplir con su rol, o si hubo un intento de ocultar o falsear información respecto a su estado de salud. 

En esa línea, mencionó que el hecho de que la presidenta haya seguido ejerciendo funciones de manera remota, a través de videoconferencias y otros medios, podría desmentir cualquier alegato de que hubo una incapacidad para gobernar. 

Remarcó que si los actos fueron presentados erróneamente como realizados en tiempo real cuando en realidad fueron previos, esto podría ser objeto de una investigación administrativa, pero no necesariamente constitutivo de un delito penal. 

Obligación de comunicar al Congreso 

En cuanto a la omisión de informar al Congreso, García Toma indica que la Constitución exige que la presidenta comunique su incapacidad temporal al Congreso en caso de ausencias prolongadas o situaciones que puedan generar un vacío de poder.  

Sin embargo, la cirugía estética no necesariamente genera un vacío de poder si la presidenta siguió ejerciendo sus funciones a través de medios remotos. 

Subrayó que la cuestión de si hubo una omisión dependerá de cómo se valore esta comunicación ante el Congreso, si fue suficiente o si efectivamente hubo un incumplimiento de la obligación constitucional de informar. 

El constitucionalista comentó que esta situación corresponde al Congreso de la República y no al Ministerio Público. Al respecto, consideró como “una intervención innecesaria e indebida”. 

“El Ministerio Público no tiene nada que hacer en este tema. Este es un nuevo capítulo de una muy mala telenovela que se llama judicialización de la política. No se ve claro por qué el Ministerio Público se ha metido en un campo que no le corresponde”, expresó. 

Investigaciones contra Dina Boluarte 

Por otro lado, el caso de las muertes durante las protestas de 2022 y 2023 representa una preocupación mucho más seria y grave, ya que podría implicar violaciones de derechos humanos.  

Víctor García Toma señaló que la investigación de estos hechos tendrá implicaciones de mayor trascendencia política y penal para la presidenta, especialmente si se prueba que hubo una responsabilidad directa en las decisiones tomadas en el contexto de los enfrentamientos con las fuerzas del orden.