Un hecho, aparentemente lejano, ocurrido hace seis meses, resultó muy cercano al Perú y sus más terribles problemas. Delincuentes armados asesinaron en agosto del 2023 al entonces candidato a la presidencia de Ecuador, Fernando Villavicencio.
La policía ecuatoriana capturó a seis sicarios colombianos contratados para la ejecución por grupos criminales que operan desde las cárceles de Guayaquil; sin embargo, fueron asesinados sin llegar a revelar quién les pagó por desatar la balacera tras un mitin en la ciudad de Quito.
Pese a la muerte de los posibles asesinos, las autoridades ecuatorianas continuaron investigando para dar con los responsables del magnicidio, un trabajo que permitió la incautación de diversas armas procedentes del mercado negro. Seis de ellas - en su mayoría carabinas - fueron identificadas como procedentes del Perú.
Para saber cómo llegan estas armas a manos del hampa nacional e internacional, la sede Callao de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad de la Policía realizó seguimientos a más de veinte personas bajo la sospecha de que integrarían una red dedicada al blanqueo de armas.
Durante las jornadas de vigilancia, agentes de la DIVIAC Callao captaron juntos a quienes serían dos de los líderes de la presunta organización criminal. Se trata de Jorge Lamela, propietario de la armería Corporación Cazador; y Roberto Sanjinez Pardo, miembro de un clan que administra la casa comercializada de armas El Cazador.
Los cabecillas de la organización -denominada ‘Los Abastecedores de Ventanilla y Callao’- les pagaban -según la Policía- a personas de bajos recursos para que tramitaran de manera legal ante Sucamec una licencia de uso de armas de fuego para la modalidad deportiva o recreativa.
Una vez obtenida la llamada licencia L-3, simulaban comprar carabinas, preferentemente en la armería de Jorge Lamela; luego denunciaban el robo o pérdida de las armas y se libraban de las consecuencias legales por el mal uso del fusil. Por cada persona que prestaba su nombre había la opción de blanquear bajo esta modalidad una cantidad ilimitada de armas.
La organización criminal falsificaba afiliaciones a clubes de tiro deportivo y negociaba para que a sus integrantes les aprueben el examen de uso de armas que exige Sucamec. Conseguían, de ese modo fraudulento, licencias legales en todo el sentido de la palabra.
El año pasado, Sucamec propuso regular mejor el alcance de las licencias de uso para el tipo de tiro deportivo o recreativo, pero el proyecto de ley quedó encarpetado en el Congreso. Si estos cambios no prosperan, los traficantes podrán seguir blanqueando armas sin que nadie tenga la facultad de detenerlos.
