TC resolvería en enero pedido de nulidad contra fallo que validó indulto a Alberto Fujimori

El magistrado del Tribunal Constitucional (TC), César Ochoa, estimó que para el mes de enero de 2024 se revisará el pedido de nulidad presentado por su colega Manuel Monteagudo en contra de la resolución que ordenó la excarcelación del exmandatario Alberto Fujimori.

Cabe precisar que el integrante del TC, Manuel Monteagudo, sostiene que el caso del expresidente debió ser sometido a deliberación de todo el Pleno del máximo intérprete de la Constitución y no solo ser validado con cuatro de las seis firmas de los integrantes del TC.

"En su momento el Pleno del TC tendrá que debatir y resolver [...] Estamos a fin de año y no va a haber sesiones. Hemos abierto un periodo de reflexión y en enero tendrá que agendarse con el quórum estructural, con la presencia de todos los miembros del colegiado y ahí discutiremos y debatiremos el pedido de nulidad del magistrado", anunció en Octavo Mandamiento.

César Ochoa, incluso, no descartó que el pedido del magistrado Manuel Monteagudo podría revertir, eventualmente, la orden del TC que permitió la liberación del exmandatario Alberto Fujimori del penal de Barbadillo en Ate, el pasado 4 de diciembre.

"En los argumentos que está planteando el magistrado Monteagudo hay razones, por lo menos para debatirlo, y no se podría descartar. Ese es el sentido de una nulidad, porque cuando está pidiendo nulidad quiere decir que se retrotraiga las cosas al estado anterior al vicio de nulidad, que se vuelva a sesionar y se toque ese tema", explicó el magistrado.

El integrante del TC también se pronunció sobre la actual situación de la Junta Nacional de Justicia en el Congreso donde, el último viernes 15 de diciembre, se reprogramó el debate de la moción que busca destituirlos inmediatamente de sus cargos por "falta grave".

"Creo que la decisión de postergar este procedimiento fue prudente. Eso le podría decir [...] Tratándose de un procedimiento parlamentario, de juicio político o control político, se tendría que aplicar una serie de estándares como presunción de inocencia, imputación clara de los cargos, amplio derecho de defensa y lo más importante, una decisión razonada y motivada para imponer una sanción de destitución", sentenció Ochoa.