La delincuencia ya no es una estadística, es una realidad que golpea a miles de familias que han decidido salir a las calles a exigir medidas que frenen esta situación de inseguridad ciudadana.
Los ciudadanos, comerciantes, gremios y familias marchan por las calles en protesta ante la ola de criminalidad y la falta de respuesta efectiva de las autoridades.
El problema ha dejado de ser solo una estadística para convertirse en una realidad que afecta la vida diaria, provocando que ciudadanos de diversas áreas y contextos se unan en un grito común de auxilio.
Algunas declaraciones, como la de Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial de Gamarra, reflejan la frustración hacia el gobierno, pues los comerciantes, por ejemplo, están dispuestos a perder dinero antes que la vida.
Otro punto destacado es la respuesta del gobierno, que, aunque ha recurrido a la presencia militar, ha sido percibida por muchos como insuficiente y desconectada de la realidad que vive el país.
Dina Boluarte, la presidenta, alude a la aprobación de su gobierno y al crecimiento económico, mientras que sus críticos destacan la inacción y el cinismo frente a los problemas que enfrenta el Perú.
Este descontento está expresado en las voces de ciudadanos, representantes gremiales y activistas como Maruja Inquilla, quienes claman unidad y solidaridad entre las regiones y la capital.
Desde el Mercado Valle Chillón, se expresa el sentir de que la clase política subestima al pueblo, y el presidente de Capeco confirma que al menos 30,000 personas fueron convocadas. Señora Clara, del Mercado de Campoy, expresa que su economía informal depende de su seguridad diaria, la cual está en riesgo.
José Zambrano de la CGTP y Jorge Zapata de Capeco representan la voz de gremios que han decidido protestar activamente debido a la escalada de violencia y crimen organizado. Zapata advierte que, si la situación no mejora, incluso las grandes obras podrían estar en riesgo.
La criminalidad se ha extendido, con casos de cobros de cupos a trabajadores informales, trata de personas, y asesinatos de trabajadores sexuales, como denuncia Victoria Ramírez, hermana de una víctima.
Personas como Delia Nevado, viuda de una víctima del crimen organizado, exige justicia y expresa su frustración con el gobierno.
Se trata de una situación que va más allá de la delincuencia, cuestionando la sensibilidad y el compromiso de las autoridades para con el bienestar de los ciudadanos, pues según ellos, las marchas y la presión social son ahora el único recurso visible para intentar frenar la crisis.
La paralización de comercios como los de Mesa Redonda y Gamarra resultó en pérdidas millonarias (Gamarra, 20 millones de soles; Mesa Redonda, 67 millones de soles). Sin embargo, muchos prefieren enfrentar la pérdida económica antes que perder sus vidas.
La presidenta Dina Boluarte responde a los paros con una conferencia de prensa después de 107 días, intentando minimizar la protesta. Sin embargo, esta intervención es recibida con escepticismo y ha sido interpretada como una subestimación de las demandas de los ciudadanos.
