Promulgan ley que sanciona a fiscales que filtren información

Diversas opiniones han generado la ley promulgada por el Gobierno que modifica algunas normas de la carrera judicial y fiscal. Una de ellas plantea sancionar hasta con 12 años de cárcel a jueces y fiscales que dejen en libertad a los delincuentes capturados en flagrancia y cuya presunta pena sea mayor a cinco años.

Para el Colegio de Abogados de Lima (CAL) hay todo un caos legislativo y consideran la existencia de un populismo jurídico. "Y no pararemos en señalar estas incongruencias" agregó Raúl Canelo, decano del CAL.

La norma, además, dispone que un fiscal que divulgue información reservada será sancionado. Dicha conducta se tipificará como una falta muy grave. La máxima autoridad del ministerio público mostró su preocupación por dichos cambios pues constituyen interferencia de funciones.

"No podrán filtrar información, pero eso tiene que ser previo una investigación, ahora lo que si preocupa es que se pretenda criminalizar las decisiones que son discrecionales o criterio jurídico de los operadores de justicia", opinó la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

La ley publicada en el diario oficial El Peruano establece como falta muy grave no aplicar ni solicitar prisión preventiva en casos de criminalidad.

Para el abogado penalista Luis Lamas Puccio existe una injerencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo sobre el Poder Judicial.

"El Ejecutivo no le puede decir al juez o al fiscal que es lo que tiene que hacer porque hay principios que están establecidos en la Constitución y el código penal que permiten al juez y fiscal a resolver de acuerdo a sus criterios", sostuvo al respecto.

Otro de los cambios es prohibir la detención preliminar de un policía que haya hecho uso de su arma de fuego. Ya sea por defensa propia o causando daño a terceros. Para el Defensor de la Policía Nacional, Máximo Ramírez, esto fortalece el accionar de los agentes.

También se dispuso penas entre 5 y 10 de cárcel para quienes con violencia y amenaza toman locales, obstaculizan vías de comunicación, impiden el libre tránsito de la ciudadanía o perturban el normal funcionamiento de los servicios públicos para obtener beneficios o ventajas económicas. Cambios que seguirán dando que hablar.