Procuraduría aseguró “no estar facultada a hacer preguntas repetitivas" en interrogatorio a Pedro Castillo

La Procuraduría General del Estado (PGE) emitió un comunicado para precisar sus competencias conforme a la Constitución y la ley, tras las últimas noticias vertidas en medios de comunicación que involucra a esta institución.

En un comunicado a la opinión pública, indicó que tiene la facultad de denunciar a los altos funcionarios establecidos, lo cual deberá estar sustentado en documentos, "no siendo suficiente la información difundida en medios de comunicación". 

En esta línea, reiteró que el Ministerio Público conduce desde su inicio la investigación del delito, pues tiene el rol persecutor del mismo, de acuerdo con el artículo 159 de la Constitución Política del Perú.

Además, señaló que su función primordial es representar al Estado en los procesos penales con la finalidad de solicitar la mayor reparación civil.

"La PGE agrega que su función es coadyuvar en el esclarecimiento de hechos en las diligencias realizadas por el Ministerio Público, sin embargo, no está facultada a realizar preguntas repetitivas, pues ello daría pie a una objeción por parte del Ministerio Público y/o la defensa técnica del investigado en la modalidad de pregunta repetitiva(...)", refiere el comunicado.

Asimismo, la PGE informó que el procurador público del Ministerio de Transportes y Comunicaciones se encuentra en un procedimiento de verificación de los requisitos para su designación en el cargo, en aplicación del marco normativo vigente.

El comunicado precisa también que la procuradora general del Estado no tiene procedimientos administrativos disciplinarios en trámite iniciados por el Órgano de Control Funcional de la PGE, ni tampoco sanciones impuestas en el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles o el Registro Nacional de Abogados Sancionados por Mala Práctica Profesional.

Ese sentido, "se niega y rechaza las afirmaciones falsas en sentido contrario que hayan sido divulgadas".

La PGE invocó una mayor atención en las afirmaciones, declaraciones e informaciones que se difunden en los medios de comunicación, las cuales afectan la institucionalidad de esta entidad.